Por: Rubí de María Gómez Campos
Significativamente el 21 de marzo, día del natalicio de Benito Juárez, a través de una convocatoria pública y con una participación mayoritaria de funcionarias representantes de los tres niveles y poderes del Estado, algunas académicas y pocas mujeres de organizaciones civiles, se realizó el Foro de Mujeres para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El espíritu juarista se dejó sentir en varias intervenciones del acto inaugural, en el que la defensa del Estado laico fue mencionada y aclamada reiteradamente por las asistentes.
Los temas a debatir, en un formato donde expertas invitadas establecieron los desafíos y perspectivas, antes de dar lugar al diálogo colectivo, permitieron abordar diversos aspectos esenciales de la condición de desigualdad, violencia y discriminación en la que sobreviven las mexicanas. Los nueve paneles (que se alinean con los Ejes generales definidos para el Plan Nacional de Desarrollo: PND 2019-2024; Justicia y Estado de Derecho; Bienestar y Desarrollo Económico) fueron:1. Eje Transversal de igualdad de género, el PND 2019-2024 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 2. La violencia contra las mujeres y las niñas: un problema multidimensional; 3. Participación plena y efectiva de las mujeres en niveles de toma de decisión en la vida política y pública; 4. Inclusión plena y efectiva de las niñas y las mujeres en la educación; 5. Salud de las mujeres; 6. Derechos sexuales y los derechos reproductivos; 7. Enfoque intercultural y enfoque de desarrollo territorial (mujeres indígenas y afro mexicanas); 8. Empoderamiento económico de las mujeres; 9. Retos y desafíos para la participación de las mujeres en la economía nacional: trabajo no remunerado, programas sociales, trabajo de cuidados y programas productivos.
En un contexto de fragilidad institucional, en el que la propia Ley del Instituto Nacional de las Mujeres se pronuncia débilmente por cumplir el compromiso de transversalidad -que representa la necesidad de institucionalizar el enfoque de género en los tres poderes y niveles de gobierno- y ante la indiferencia o desconocimiento de las obligaciones internacionales adquiridas en décadas anteriores por parte de las personas responsables de cumplirlas, resulta indispensable mantener vínculos de trabajo y evaluación permanente de los programas de igualdad entre hombres y mujeres, entre funcionarias, académicas y representantes de la sociedad civil.
Es cierto que a cada esfera le corresponde un espacio y tareas específicas que no se pueden confundir, y que al Estado le es obligatorio retomar la rectoría de las tareas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como de incorporar transversalmente la perspectiva de igualdad de género, no discriminación e inclusión, para cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en todos los grupos sociales. Pero también es imprescindible recordar que aún es necesario el criterio de corresponsabilidad social que ha permitido incorporar progresivamente las aspiraciones legítimas y las demandas ciudadanas en torno a la promoción, garantía y respeto a los derechos humanos de las mujeres, en la mayoría de los programas y acciones de gobierno de las últimas décadas.
El resultado de las tareas de coordinación y articulación interinstitucional entre las esferas gubernamentales con representantes de la academia y con la sociedad civil han producido instrumentos nacionales e internacionales plasmados en documentos legales, que son el insumo básico de la planeación gubernamental. Pero el diseño y aplicación correcta y efectiva de políticas gubernamentales de igualdad y contra la discriminación dependen de que, efectivamente, las y los servidores públicos hayan desarrollado un nivel de sensibilidad ante la desigualdad, acorde a un conocimiento básico de las leyes y de los acuerdos internacionales que los obligan a respetar y promover los Derechos Humanos de más de la mitad de la población.
Para las mujeres que durante décadas hemos trabajado a favor de los Derechos Humanos de las mujeres sigue pendiente el reto de enfrentar y corregir la Violencia Institucional, derivada de la ignorancia y mala fe de la mayoría de personas encargadas de promover respeto y alcanzar el acceso a la justicia para las mexicanas. La tarea de diseño, aplicación y evaluación de políticas de igualdad exige la participación de quienes, desde las universidades y las instituciones de investigación académica, desarrollan propuestas teóricamente fundamentadas de igualdad y contra la discriminación; asimismo en lo referente a los procesos de capacitación y profesionalización de las personas encargadas de brindar atención y realizar el logro de la igualdad y la justicia.
Por otra parte es necesaria la participación de personas de la sociedad civil en los procesos de evaluación de políticas gubernamentales, en las tareas de sensibilización de la población en torno a los derechos humanos de las mujeres, en los procesos de información de los recursos institucionales y las leyes que ya existen, así como en el acceso (canalización y acompañamiento social) a los programas existentes. La desigualdad histórica, la discriminación normalizada y la violencia institucionalizada que enfrentamos en México requieren, para ser eficientemente desarticuladas, de la participación adecuada de todas y de todos quienes nos vemos afectados por las injusticias. El desarrollo humano es parte fundamental de la existencia. No hay, no puede haber, un desarrollo pleno si se restringe la idea del desarrollo al aspecto meramente económico y material de la sobrevivencia. Pero para lograrlo es necesario terminar de completar las tareas de transformación cultural que las feministas (al principio sin acompañamiento gubernamental) desde hace varias décadas, nos echamos a cuestas. Es de esperar que al menos las propuestas presentadas sean recogidas fielmente e integradas en el Plan Nacional de Desarrollo.