Morelia, Michoacán.- Al no encontrar el sustento suficiente como para atender la solicitud de Juicio Político sobre tres funcionarios y una legisladora, la LXXIII Legislatura del Congreso de Michoacán dio marcha atrás al trámite iniciado a partir de una queja presentada ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Ello, fue dado a conocer por el diputado, Mario Armando Mendoza Guzmán, quien refirió que con base en la integración de pruebas sobre el grupo de funcionarios implicados en el proceso, careció de contundencia y, por ende, no pudo procesarse el juicio político sobre éstos.
Se trata del secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, la ex Secretaria de Salud, Silvia Hernández Capi y el Director del Hospital Civil, Raúl Leal Cantú, además de la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nalleli Pedraza.
“El argumento era la violación de los derechos humanos, pero analizamos el expediente, pero lo único que aportan como pruebas, son oficios donde se solicitan reuniones, mismo que no sirve y no hay pruebas de la violación a los derechos”, dijo en entrevista Mendoza Guzmán.
Explicó que la petición de instrumentar un Juicio Político se sustentaba en que los funcionarios referidos omitieron atender algunas quejas y solicitudes ciudadanas, no obstante, esto no fue suficiente como para comprobar que realmente habían existido violaciones a los Derechos Humanos.
De esta forma, el Congreso de Michoacán echó abajo la petición de que el titular de la SSP, la SSM, el director del Hospital Civil y a la diputada, Nalleli Pedraza, fuesen sometidos a un proceso de Juicio Político al incumplir en sus respectivas obligaciones.