Actualmente México vive una crisis de seguridad y de crecimiento económico. Los robos, asaltos, fraudes y actos de corrupción permanecen impunes en su mayoría, así mismo el PIB nacional sigue estancado en un crecimiento debajo del 3% e incluso algunos analistas consideran que si las cosas continúan como están el crecimiento económico de 2017 podría terminar siendo de 1.7%.
Frente a todas estas cuestiones el gobierno federal ha estado tratando de ejecutar políticas que de alguna manera sirvan para cambiar la actual situación, o al menos eso es lo que han estado diciendo a la opinión pública.
Sin embargo, siendo objetivos, no se han planeado siquiera políticas y/o instituciones serias que sean eficaces para combatir los distintos problemas que aquejan al país. Por ejemplo, el gobierno de Peña Nieto, en colaboración con otros partidos, ha trabajado en el diseño de un sistema nacional anticorrupción, que como el nombre lo dice tiene propósito de combatir los actos de corrupción que se gesten en la administración pública, sin embargo este sistema tiene múltiples fallas que no se han querido corregir y evidentemente entorpecerán de gran forma las acciones que se intenten ejecutar para combatir las faltas administrativas.
Incluso en estos momentos se está realizando el concurso para el nombramiento del primer fiscal anticorrupción, figura que está contemplada en el mencionado sistema, no obstante la falta de una descentralización de poderes seria, posiblemente evitará que esta fiscalía ejerza de manera óptima el trabajo que debe hacer.
Formalmente México tiene una separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo debido a la evolución histórica-política nacional, tal separación no ha existido de forma adecuada en la práctica, siendo el poder ejecutivo el que más peso tiene en la toma de decisiones, pues además de que es influencia directa en su propio partido, lo que a su vez hace que sea influencia en el poder legislativo, y que también tiene a su disposición elementos judiciales como las juntas de conciliación y arbitraje, así como los tribunales agrarios, la propia administración pública está concentrada en manos del poder ejecutivo, lo cual hace que las políticas públicas que se ejecuten estén completamente subordinadas a los deseos de la persona que sea el presidente en turno.
Todo esto es sin duda muy preocupante, pues lo correcto sería que el ejecutivo federal solo tuviera influencia plena en solo una parte de la administración pública y que sus funciones fácticas no invadieran otras esferas.
Pero dentro de todo quizá lo que más puede consternar es esa concentración semi-absoluta que posee el presidente respecto a la administración pública, ya que entonces cada vez que hay un cambio de gobierno eso se traduce en cambios abruptos dentro de la administración pública, que pueden ir desde la transformación o cancelación de algún programa, hasta incluso la restructuración orgánica de varias dependencias como lo son las secretarias y sus órganos desconcentrados, además desde luego de posibilitar un cambio drástico dentro de la ejecución de políticas públicas, en pocas palabras esta centralización que existe en el poder ejecutivo se puede prestar para hacer una especie de “borrón y cuenta nueva” dentro de la política pública, lo cual no es algo recomendable.
Estar con la posibilidad latente en cada nuevo gobierno federal de “reiniciar desde cero” la administración, puede terminar trayendo varios problemas como lo son la falta de políticas de largo plazo, descontinuación de gestores públicos competentes, retrasos en la operatividad de la gestión pública por parte de la nueva administración, entre otros.
Para solucionar esto se requieren cambios institucionales que promuevan una autentica descentralización de poderes, y sobre todo una desconcentración efectiva en una buena parte de la administración pública, para que de este forma se desarrolle de manera óptima la burocracia profesional; a su vez esto también serviría para generar programas sociales efectivos y de largo plazo, así como también reduciría el tráfico de influencias y haría que las instituciones pertenecientes a la administración pública cumplieran sus funciones mucho más acorde a la ley.
Pero para todo ello se requiere como factor esencial, voluntad política para iniciar estos cambios institucionales. Voluntad sobre todo para realizar auténticos cambios dentro de la administración pública.
Precisamente algo que caracteriza a muchos de los países desarrollados es una descentralización efectiva de sus instituciones, al grado que sin importar los cambios de gobierno que sufran éstas pueden seguir operando de forma efectiva.
Si realmente el gobierno federal o la clase política desean mejorar la situación actual del país, deberían comenzar buscando la forma de generar una administración pública eficiente y que se apegue a lo que marca la ley, no generando instituciones que realmente operaran de forma ineficaz en términos de ejecución de políticas públicas y de forma parcial en términos legales.