En la dictaminación de la Cuenta Pública Estatal, el Congreso de Michoacán ha optado por una lógica descafeinada, sin análisis de fondo, ni posturas claras.
Morelia, Michoacán.- El Congreso de Michoacán ha optado por una descafeinada dictaminación de la Cuenta Pública Estatal, sin emitir posicionamiento alguno que lo haga contrapuntearse con el Ejecutivo del Estado.
La tendencia viene de años anteriores y se ratifica en este con el dictamen elaborado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, ahí se aplica la lógica del “copia y pega” del informe que elaboró y le turnó la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán.
De manera tersa ha corrido para el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla la aprobación de las cuentas públicas por parte del Congreso. Ya en 2024 la pasada Legislatura local, la LXXV, aprobó de manera tersa, sin discusión alguna la cuenta correspondiente al 2022, la primera de esta administración.
Otro fue el escenario vivido para la dictaminación de la Cuenta Pública Estatal de 2021, la última de Silvano Aureoles Conejo y a partir de la cual se suscitó el proceso que derivó en la destitución del entonces titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.
Para entonces el dictamen elaborado por la Comisión de Presupuesto cuestionó el papel del órgano fiscalizador, ordenando una auditoría a la Auditoría.
También a la pasada Legislatura local le tocó en 2022 la revisión de la Cuenta de 2020. Pese a que el bedollismo ya gobernaba en territorio michoacano, el bloque aliancista conformado por diputados del PRI, PAN y PRD lograron alinearse para evitar que fuera reprobada por la Cámara.
En abril de 2021, no obstante las inconsistencias reportadas por la Auditoría en su informe de Fiscalización respectivo, por mayoría, el Pleno de la LXXIV Legislatura aprobó la también silvanista Cuenta Pública Estatal de 2019.
Sólo cuatro diputados hicieron uso de la tribuna para entonces, sólo una para referirse al tema. Cristina Portillo de Morena cuestionó que en el dictamen elaborado se estableciera una valoración positiva sobre el ejercicio de los recursos públicos a pesar de las inconsistencias registradas en el informe de la Auditoría y por los resultados arrojados en sus informes.
Tónica similar ocurrió un año antes con la Cuenta de 2018, en donde por criterios políticos la Cámara abdicaría de su carácter fiscalizador y ser garante del correcto uso de los recursos públicos, al suprimir por mayoría el único diente previsto en el proyecto de decreto del dictamen elaborado entonces por la Comisión de Presupuesto.
A través del diputado del PT, Baltazar Gaona García, se operó entonces la determinación de quitar peso al dictamen, ya que fue él quien propuso la reforma al artículo segundo del decreto, bajo el argumento de que no es facultad de los diputados el “juzgar si alguien está haciendo malversación o mal uso de los recursos”.
En 2019 al dictaminar la Cuenta Pública estatal de 2017, por voto mayoritario las comisiones unidas de Presupuesto e Inspectora del Congreso local, se echó a la prensa de la reunión para dictaminarla y tomar decisiones a puerta cerrada, en la opacidad. Finalmente, incumpliendo con el plazo establecido por Ley, en la madrugada del primero de mayo el Pleno aprobó por mayoría el dictamen en los términos promovidos por el Ejecutivo del Estado a través de la bancada del PRD.
La LXXIII Legislatura en 2018, reprobó la primera Cuenta Pública del gobierno de Silvano Aureoles –la de 2016- por no reflejar razonablemente la situación financiera de la hacienda estatal, sin embargo, tres meses después los diputados por observaciones hechas por el Ejecutivo, modificaron el decreto que habían aprobado y suprimir que la cuenta había sido reprobada y con ello “no dificultar” que el gobernador endeudara al estado con un nuevo empréstito.
En marzo de 2017 el Congreso del Estado reprobó la Cuenta Pública de 2015 –del gobierno de Salvador Jara- al determinar que ésta no se había presentado en apego a la legislación aplicable y no reflejaba razonablemente la situación financiera de la hacienda estatal.
También las cuentas de 2014 y 2013 fueron reprobadas por la Cámara, en el caso de la última se determinó que no contaba con información confiable, y presentaba “irregularidades tan cuantiosas y de gravedad, que infringen de manera inobjetable el marco jurídico vigente y las normas de información financiera que son obligatorias para los entes públicos, las cuales pueden derivar en un quebranto al Patrimonio del Estado alterando el monto de los Activos, Pasivos y el Patrimonio Estatal”.
La Cuenta de 2012, la primera del gobierno de Fausto Vallejo también fue reprobada por la Cámara.
En febrero de 2013, en una sesión de más de diez horas, la LXXII Legislatura aprobó el dictamen que reprobó el informe elaborado por la Auditoría sobre la cuenta pública 2011, la última de Leonel Godoy.