El tuit de Gerardo Fernández Noroña nos llamó poderosamente la atención. El tono reflejaba molestia y desconcierto por la información que el propio AMLO acababa de dar en su conferencia mañanera.
Y es que el Presidente de la República confirmó que la Sedena construirá un desarrollo inmobiliario de lujo en uno de sus terrenos en Santa Fe, para financiar la Guardia Nacional.
La idea es urbanizar 30 hectáreas. Lo que se obtenga se empleará en la construcción de alrededor de 80 instalaciones militares para la Guardia Nacional en los estados.
“Voy a defender el proyecto, porque significa obtener alrededor de 20 a 30 mil millones de pesos, que es lo que nos serviría para la construcción de las instalaciones para la Guardia Nacional”, dijo López Obrador.
Noroña no lo podía creer. Ni de AMLO, ni de Sheinbaum.
“De ninguna manera pienso tolerar que se hagan departamentos de lujo y se privatice el Campo Militar Número 1F”, escribió en Twitter.
Preguntó: “¿Qué pasa allí compañero presidente @lopezobrador_ y @Claudiashein? ¿Ya vamos también nosotros a la especulación inmobiliaria?”.
Las reacciones adversas fueron inmediatas. La académica y politóloga Denise Dresser coincidió con la postura de Noroña, por lo menos en redes sociales.
“Y ahora, el nuevo gobierno convierte a las Fuerzas Armadas en desarrolladores inmobiliarios de departamentos de lujo.
“Imperativo recordarles que se trataba de combatir los negocios de la ‘mafiosa oligarquía en el poder’, no de permitir que el gobierno forme parte de ella”, tuiteó Dresser.
- Confieso que tengo sentimientos encontrados frente al anuncio de la creación de la Guardia Nacional y la idea de poner a los militares al mando de la seguridad pública por un lustro, como se plantea en el dictamen aprobado, ayer, en comisiones de diputados en medio de protestas de activistas y opositores.
Estoy consciente de que no hay manera de retirar a las Fuerzas Armadas de la lucha contra la delincuencia organizada. Soldados y marinos son los únicos que pueden meter en cintura a los poderosos criminales.
Me ha tocado ser testigo del temor —terror, diría yo— que hay en zonas calientes del país frente a la posibilidad de un regreso del Ejército a los cuarteles.
Y es que si los militares se retiran, dejan a la población a merced de los malosos. No confían en las policías estatales. Menos en las municipales. “¡Hay mucha descomposición!”, como dijo el propio AMLO.
Ese temor lo sentí en Baja California Sur y en Tamaulipas. Seguro estoy que ocurre lo mismo en otras partes de la República.
La “amarga realidad” —las palabras son del Presidente— impide el regreso de los militares a los cuarteles, mientras las policías no se limpien, se capaciten y tengan ingresos dignos.
La propuesta de mantener a los militares ha nacido, pues, de un reclamo generalizado en el país, como dijo ayer Yeidckol Polevnsky.
A la presidenta de Morena le preguntamos si considera que hay riesgos de militarización del país con la creación de la Guardia Nacional.
Lo negó:
“Vale la pena que se conozca el proyecto. Es básicamente de coordinación de las policías militar, naval y federal con los gobernadores. Aun así, hay un déficit muy importante de policía que se tendrá que ir resolviendo cuando haya mayores recursos. En otros lugares es un proyecto exitoso. No hay que estar con telarañas en la cabeza”.
- Hace tres semanas que los gobernadores del PAN y los coordinadores parlamentarios solicitaron una entrevista con Carlos Urzúa, titular de la SHCP, para plantearle inquietudes alrededor del presupuesto para el 2019.
No han tenido respuesta.
Eso llevó a integrantes de la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional a publicar un desplegado para pedir el diálogo con Urzúa “a fin de encontrar la fórmula de canalizar los recursos que demandan los ciudadanos de nuestras entidades”.
No niegan que la partida del ramo 23 (la de los moches) ha presentado vicios y dificultades de operación, pero dicen que la solución no es la desaparición de la partida.
Lo que habría que hacer, dicen, es redefinir la asignación, aplicación y auditoría del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
“Así como hubo rectificación en el tema del presupuesto a universidades públicas, debe haberlo también en las demandas ciudadanas de los estados”, dice el desplegado.
Y remata: “sabremos poner énfasis en las soluciones, no en los problemas. Que sea por el bien de Mexico”.
Al GOAN pertenecen los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; de Durango, José Rosas Aispuro Torres.
Pero también Martha Erika Alonso, de Puebla; Francisco Domínguez, de Querétaro; Carlos Joaquín, de Quintana Roo, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.
En la Conago también hay inconformidad con los recortes que se hicieron en el presupuesto.
“La cobija no puede destapar a todos para atender sólo unos programas. Hay temas fundamentales como el campo, el agua, seguridad, el tema de mujeres, el tema de emprendedores que desaparecen los fondos”, advirtió el presidente de la Conago. Alejandro Moreno, gobernador de Campeche.
Remató: “no hay recursos en el tema de nuevos caminos rurales, imagínense…”.