Denuncian despojo y desvío de recursos en Cobaem durante gobierno de Silvano; presumen que se destinó a las campañas electorales
Morelia, Michoacán.- Despojo de oficinas centrales del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), presunto desvío de recursos e irregularidades en obras, durante el gobierno estatal de Silvano Aureoles Conejo, fue denunciado por trabajadores de esta institución educativa.
De acuerdo con documentos y evidencias en poder de Contramuro, otorgados por el Sindicato de Trabajadores Unidos del Colegio de Bachilleres (STUCOBAEM), en julio del 2017, cuando el Cobaem aún encabezado por Alejandro Bustos Aguilar como director general, el Gobierno de Michoacán, dirigido por Silvano Aureoles Conejo, comunicó a los trabajadores administrativos de las oficinas centrales que deberían desalojar el inmueble inmediatamente, debido a que sería donado a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) –actualmente Fiscalía General del Estado (FGE)–, para la conformación del proyecto Ciudad Ministerial, el cual se centró en juntar a la Secretaría de Seguridad Pública, con todas las oficinas de la institución antes señalada.
A pesar de que se solicitó el desalojo a los trabajadores de las oficinas centrales del Cobaem, la autoridad estatal aseguró que se les otorgaría un terreno frente a Indeco para construir las nuevas oficinas de la institución educativa.
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El 14 de julio del 2017, la Secretaría de Educación del Estado (SEE) envió un oficio en el que se señaló: “Hago de su conocimiento de la Creación del Proyecto ‘CIUDAD MINISTERIAL’, mismo que consiste en la adecuación del polígono en el que se encuentra la Secretaria de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado. En tal virtud se considera la extensión de oficinas hasta el lugar que ocupan los espacios centrales del Colegio de Bachilleres a su cargo”.
Oficio de la Secretaría de Educación del Estado
Y añade: “Por lo anteriormente expuesto, le solicito realice las gestiones ante su H. Junta de Gobierno, a efecto de que se presente un acuerdo para plantear la necesidad de hacer un cambio de las oficinas centrales a otro espacio físico y por consiguiente la desincorporación del patrimonio del Colegio del bien inmueble que las alberga, otorgándolo en donación pura al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Así mismo, se coordine con la Dirección de Patrimonio Estatal del Gobierno del Estado de Michoacán, a efecto de localizar un predio en el que se puedan construir las nuevas oficinas del Colegio de Bachilleres y, signe un convenio de coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que esta Dependencia sufrague los gastos de traslado, adecuaciones y renta del inmueble en el que habrá de funcionar temporalmente la Dirección a su cargo” (Sic).
Oficio de la Secretaría de Educación del Estado
No obstante, el 14 de julio del mismo año, el diputado de Morena, Enrique Zepeda Ontiveros lanzó un punto de acuerdo que el resto de legisladores del Congreso del Estado no tomaron en cuenta, en el que se exhortó al entonces gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo para que en el proyecto de creación de “Ciudad Ministerial”, se brindara certeza jurídica, a través de convenios y procesos legales, a fin de no afectar a una u otra institución (Cobaem o FGE), además de garantizar un proceso equilibrado en beneficio de ambas.
Tres días después, el 17 de julio del 2017, la Junta de Gobierno del Cobaem sesionó de manera extraordinaria para destinar una partida presupuestal del recurso de la institución, al arrendamiento de los edificios donde serían reubicadas las oficinas centrales, toda vez que el director ya había firmado los contratos de manera indebida desde el mes de junio del mismo año.
A pesar de que el oficio de la Secretaria de Educación del Estado (SEE), señalaba que la entonces PGJE debería destinar el recurso para el pago de la renta de las oficinas centrales del Cobaem, acto que nunca ocurrió, pues esta última destina mensualmente 300 mil pesos de su presupuesto, al pago del arrendamiento.
Frente a la irregularidad, el SITCBEM, gremio mayoritario del Cobaem, no opuso resistencia, pues el entonces dirigente del sindicato, Gaspar Romero Campos, está involucrado en denuncias penales por el presunto desvío de 27 millones de pesos del Fideicomiso 750, además de que el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, lo nombró director general de la institución educativa en octubre del 2017.
De acuerdo con los documentos y la denuncia de los agremiados del STUCOBAEM, a la fecha, suman más de 22 millones de pesos por concepto de rentas, mudanzas, nuevas instalaciones de internet, telecomunicaciones y mobiliario, lo que ha erogado el Cobaem de su presupuesto.
Sumado a las irregularidades ya mencionadas, añadieron que el predio de Indeco, donde se instalarían las nuevas oficinas centrales, no pudo ser cedido, debido a que no estaba regularizado por el gobierno estatal, por lo que, a través de convenio, se otorgó un terreno en comodato por cinco años, en la colonia Agrícola Ceneopista.
Foto: Cortesía 
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No obstante, en el nuevo convenio, las clausulas señalaban un plazo de un año para concluir las nuevas oficinas del Cobaem, plazo que concluyó en febrero del año pasado, mientras que fue hasta febrero de este 2021 cuando el gobierno estatal apenas colocó la primera piedra del inmueble.
A la suma de despojos, defraudación e irregularidades en contra de los trabajadores del Cobaem, se suma que el sitio en la colonia Agrícola Ceneopista no cuenta con servicios básicos como luz, agua, drenaje, además del difícil acceso al sitio, a lo que se sumó que, para dicha construcción se destinarían 25 millones de pesos del presupuesto del Cobaem.
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A pesar de esta última situación, se anunció una inversión inicial de 25 millones de pesos del presupuesto del Cobaem para la construcción del inmueble, la cual se otorgó a la empresa Constructora MACT, S.A. de C.V., a través del contrato de obra pública número DOP/LPE/COBAEM001/01/2021.
El último informe presentado ante la Junta de Gobierno del Cobaem, los trabajadores presumen que dicho recurso pudo haber sido desviado, aunado a que el proyecto original de la obra incrementó de 113 millones, a 125 millones de pesos.
Foto: Cortesía 
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A esto se añade que la obra está detenida, conforme al informe de mayo de este 2021, a pesar de que se realizaron los pagos, por los que los trabajadores suponen que el dinero podría haberse desviado a la pasada campaña electoral.
Por si fuera poco, la Dirección de Patrimonio del Gobierno del Estado ofertó al SAT un espacio para bodegas en la colonia Agrícola Ceneopista, mismo que posee las mismas características que el otorgado al Cobaem.
