Denuncian ante FGR a Silvano y Policía Michoacán por caso Arantepacua; comuneros señalan 38 delitos, entre ellos homicidio y tortura
Morelia, Michoacán.- Comuneros de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, entregaron la solicitud a la Fiscalía General de la República (FGR), para que atraiga el caso de las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en dicha localidad en abril del 2017. Señalan 38 delitos y denuncian a Silvano Aureoles Conejo por su responsabilidad política del suceso, así como a 35 policías de Michoacán y 2 funcionarios federales.
A través de un comunicado, los inconformes señalan que las víctimas “circulaban en el autobús que habían rentado con rumbo a salir de la ciudad de Morelia y a efecto de poder regresar a su comunidad”, cuando se lanzó el operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
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Y agrega: “sin embargo, de manera intempestiva e ilegal los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán (en adelante SSP) y elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia de Michoacán (en adelante PGJ-M) les cerraron el paso, ingresaron al autobús, golpearon y detuvieron arbitrariamente a los 38 representantes de la comunidad”.
Asimismo, añaden que en “el operativo fue encabezado en el terreno por el entonces Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta (hoy procesado por el delito de tortura en el caso Ayotzinapa) y contó con la participación de aproximadamente 300 elementos”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) resolvió que el operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cometió “violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales por actos constitutivos de tortura, al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio de la comunidad de Arantepacua”.
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Ayer, un grupo de comuneros se movilizó por las avenidas de la Ciudad de México y posteriormente acudieron a la FGR, para entregar la solicitud de que ésta atraiga las investigaciones del suceso ocurrido en Arantepacua, en abril del 2017, donde al menos cinco comuneros perdieron la vida.
En la solicitud, exigieron que se investigue al gobernador Silvano Aureoles por su responsabilidad política, así como 35 policías de Michoacán y 2 funcionarios federales, pues enumeraron 32 delitos, entre los que destacan homicidio, tortura, abuso de autoridad y robo calificado grave.
Anunciaron que en caso de que ninguna institución nacional resuelva el caso, acudirán a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otras instancias internacionales. En el documento, los inconformes exigen “castigo a los culpables y reparación del daño”.