El procurador General de Justicia de Michoacán (PGJE), José Martín Godoy Castro aclaró que, entre las 8 denuncias interpuestas por la Secretaría de la Contraloría contra ex funcionarios, hay acusaciones a ex gobernadores, a quienes se les atribuyen desvíos de recursos que no fueron aplicados a lo que estaban programados, sino que fueron usados para atender otros asuntos.
En entrevista, Godoy Castro reconoció la existencia de acusaciones a ex mandatarios estatales por los desvíos de recursos, pero señaló que no profundizaría en el tema, debido a la delicadeza con el que se debe abordar.
“Vienen irregularidades atribuibles a algunos de ellos (contra ex gobernadores). No me quiero meter yo a ese tema, tengo que ser muy cauteloso porque vamos a avanzar en la integración de la averiguación y ya luego estaremos informando, todo va a ser hecho del conocimiento de la sociedad, lo que sí es que, si los hechos denunciados resultan ser ciertos, lo más seguro es que estos temas van a pasar ante los tribunales”.
El fiscal michoacano insistió en que se integra la documentación a la carpeta de investigación, y una vez que se haya concluido dicho proceso, se requerirá a los presuntos responsables para que rindan declaraciones.
“Es por etapas, ahorita lo que estamos haciendo es recabando la documentación soporte que acredite los movimientos en materia contable, hecho lo anterior ya estaremos solicitando un dictamen en esa materia y posteriormente estaremos en condiciones de requerirlos”, dijo.
Aclaró que la PGJE recibió la documentación del proceso administrativo ejecutado por la Secretaría de la Contraloría, pero explicó que la dependencia a su cargo requiere “constancias debidamente certificadas u originales”, para fincar a proceso.
“Se entrega en relación a la documentación del procedimiento administrativo, pero nosotros requerimos constancias debidamente certificadas u originales, de tal forma que las vamos a estar obteniendo”.
Sin ser preciso, señaló que el proceso penal por el que son acusados los ex servidores públicos, podría ser solventado por fianza, pues detalló que el “desvío” de recursos se destinó a otro ámbito de la administración, y por ende no se sustrajo el dinero.
“La mayoría de los hechos que fueron denunciados, corresponden al tema de la licuadora, no es que se hubiese sustraído el dinero, sino que no fue aplicado el dinero para los rubros que deberían de haber sido aplicados y los tiempos que deberían de ser atendidos, la ley establece tiempos para la aplicación de algunos recursos que no se generaron en ese tiempo, y bueno son las conductas que estamos estudiando, no son temas en que se hubiese identificado la disposición de recursos a favor del particular, sino la no aplicación de recursos en los rubros que debían ser aplicados”, concluyó.