Foto: Ismael Díaz/ Contramuro

Morelia, Michoacán.- La Asociación de Empresarios Unidos de Michoacán interpuso una denuncia ante el Poder Judicial de la Federación contra el Gobierno del Estado, por un adeudo de 50 millones de pesos que la administración a cargo de Silvano Aureoles Conejo arrastra con dicho sector.

Fue hoy cuando la asociación empresarial respondió al incumplimiento del gobierno silvanista mediante un recurso legal, sustentado en la omisión que el Ejecutivo ha demostrado tener ante la adquisición y/o contratación de diversos bienes y servicios.

El millonario adeudo corresponde a diversos conceptos, entre los que imperan la compra de equipos de cómputo y la contratación de servicios de limpieza por parte del gobierno perredista.

Si bien el adeudo se viene arrastrando desde las administraciones de Leonel Godoy, Fausto Vallejo y Salvador Jara; Martín Serna Ruiz, integrante de la Asociación de Empresarios Unidos de Michoacán, detalló que al menos un 80 por ciento del pendiente monetario recae sobre el gobierno de Silvano Aureoles.

“La Tesorería se ha convertido en una barricada”, acusó el empresario al señalar que la Secretaría de Finanzas e incluso la Contraloría del Estado, han actuado con omisión cuando se reclama la millonaria deuda antes referida.

Despidos y cierres de empresas

La falta de compromiso que dijeron encontrar los empresarios, derivó en el cierre de por lo menos 20 empresas adheridas a la Asociación de Empresarios Unidos de Michoacán, de acuerdo con lo referido por Serna Ruiz.

Exponiendo el contexto del asunto, precisó que actualmente la asociación citada está constituida por 100 empresarios, de los cuales 20 habrían quedado en banca rota a partir del incumplimiento gubernamental.

Esta situación obedece a que los adeudos han sido constantes, no sólo en la administración actual; tanto, que los pendientes económicos con la asociación empresarial llegaron a ascender a 150 millones de pesos.

En lo que se podría calificar como una reacción en cadena, Martín Serna dio a conocer que a partir del cierre de las 20 empresas, se perdieron cerca de 200 empleos directos y otros mil indirectos.

Pierden la confianza

Arturo Magaña, otro de los integrantes de la asociación, declaró que a consecuencia de la inestabilidad económica que enfrenta el Gobierno de Michoacán, los empresarios han optado por no generar contratos con dependencias gubernamentales.

“El sector empresarial ya no quiere trabajar con el gobierno del estado, quienes confían es porque tienen la suficiencia económica para responder a este tipo de retrasos”, declaró.

Una vez que se presentó la denuncia ante el Poder Judicial de la Federación, los empresarios esperan represalias, que se podrían reflejar en el veto de quienes instrumentaron el recurso legal; sin embargo, los denunciantes se dijeron listos para afrontar cualquier escenario.