La demanda de Banco Azteca contra periodistas y usuarios de redes sociales pone en riesgo la libertad de expresión, señala la organización Artículo 19.
Ciudad de México.-Artículo 19, una organización que aboga por la libertad de expresión y de información, ha expresado su preocupación por la demanda del Banco Azteca contra periodistas y usuarios de redes sociales.
Según Artículo 19, esta acción legal representa una amenaza para la libertad de expresión.
La oficina de Artículo 19 en México y Centroamérica reveló que Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, ha llevado a cabo su amenaza de demandar a siete periodistas y comunicadores, incluyendo a Jorge Gómez Naredo y Vicente Serrano, acusándolos de daño moral.
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El banco sostiene que enfrentó una crisis debido a publicaciones en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, durante enero y febrero de 2024, lo que resultó en una pérdida del 7% de sus depósitos. Banco Azteca atribuye responsabilidades millonarias a los comunicadores.
“Estos procesos judiciales tienen un efecto disuasorio significativo, ya que el impacto económico y psicológico de enfrentarse legalmente a una de las empresas más grandes del país es considerable. Esto no solo afecta la salud emocional de los comunicadores, sino que también tiene repercusiones en sus aspectos laborales y económicos”, explicó Artículo 19.
La organización también señaló que la amenaza de estas acciones legales no solo afecta a los demandados, sino que compromete la libertad de expresión de todos los mexicanos, enviando un mensaje claro a aquellos que desean publicar información crítica sobre empresas o poderes económicos.
Ricardo Salinas Pliego comentó en la red social X el 22 de febrero:
“Nos vemos en el juicio y más les vale que estén dispuestos a meterle una lanototota a su defensa, porque casi estoy seguro que el equipo inicial que mandé a atender la demanda, es como de 18 de mis mejores abogados, entonces vayan buscando el aceite porque va a estar largo y divertido”.
Artículo 19 ha hecho un llamado al Poder Judicial del Estado de Jalisco para que actúe conforme a los más altos estándares sobre Libertad de Expresión, evaluando los hechos y pruebas bajo la doctrina de la Real Malicia.