Francia discute la inclusión del consentimiento en la definición legal de violación en el caso de Gisèle Pelicot.
Francia.-El caso de Gisèle Pelicot, quien fue víctima de violaciones múltiples en Aviñón mientras estaba bajo la influencia de ansiolíticos suministrados por su esposo, ha reactivado el debate en Francia sobre la inclusión del consentimiento en la definición legal de violación.
La controversia surge a raíz de que algunos de los acusados alegaron desconocer que Pelicot no había consentido.
El recién nombrado ministro de Justicia, Didier Migaud, manifestó en una entrevista con France Inter su apoyo a la propuesta de integrar explícitamente el consentimiento en la legislación sobre violaciones.
Migaud afirmó estar en línea con el presidente Emmanuel Macron, quien en marzo expresó su deseo de modificar el Código Penal para que el consentimiento sea un requisito claro, diciendo que “se incluya el consentimiento”.
Actualmente, el artículo en cuestión define la violación como:
“Cualquier acto de penetración sexual de cualquier tipo o cualquier acto buco-genital cometido contra otra persona o contra la persona del autor mediante violencia, obligación, amenaza o sorpresa”.
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Mélanie Vogel, senadora ecologista, propuso una enmienda para que la ley especifique que cualquier acto sin consentimiento es delito, y que este no puede considerarse válido si se da bajo coacción, amenaza o sorpresa, y puede ser retirado en cualquier momento.
Éric Dupond-Moretti, anterior ministro de Justicia, pidió cautela y más reflexión sobre el tema, argumentando que la definición actual ya implica la falta de consentimiento.
El debate también ha provocado divisiones entre feministas, como la senadora socialista Laurence Rossignol, quien sugirió que una definición más explícita podría ser beneficiosa.
Este tema se vio interrumpido por las elecciones legislativas, pero se espera que se retome tras la reanudación de la actividad parlamentaria.
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Además, este debate se enmarca en el incumplimiento de Francia de la Convención de Estambul, que exige a los países miembros legislar contra cualquier acto sexual sin consentimiento voluntario.
La Comisión Europea ha intentado, sin éxito, unificar la definición de consentimiento a nivel de los 27 Estados miembros, pero ha logrado que se comprometan a promover la sensibilización sobre el tema.