La Retaquita es un personaje que aparece en Cinco esquinas, la última novela de Mario Vargas Llosa. Es una historia que, entre otras cosas, aborda el periodismo de escándalo como arma política para desprestigiar y aniquilar al adversario. Se puso muy de moda durante la dictadura de Alberto Fujimori en Perú.
El Premio Nobel de Literatura describe así a La Retaquita : “Es una periodista nata. Capaz de matar a su madre por una primicia, sobre todo, si era escabrosa”.
Lo anterior me vino a la cabeza al acudir ayer a la rueda de prensa convocada por el expresidente nacional del PRD, Jesús Ortega. “Voy a anunciar que le gané la demanda a Sanjuana Martínez”, nos dijo en la cafetería del Hotel Emporio de Reforma, antes de subir a los salones del hotel a su cita con los reporteros.
Sanjuana es una periodista muy crítica que en noviembre y diciembre del 2013 publicó en Sin Embargo, uno de los diario digitales más leídos en México, dos entregas que ubicaban a Jesús como un consumidor consuetudinario de sexo comprado.
La primera entrega se llamó Consumidores de sexo comercial, y la segunda Infierno en el Cadillac.
Que quede claro. No se trata de establecer paralelos entre la novela de Vargas Llosa y el caso de Chucho Ortega. No caben. Sin Embargo es un diario digital que ha mantenido, contra viento y marea, su independencia frente al gobierno, ySanjuana está muy lejos de ser una periodista al servicio del régimen.
Es simplemente la exposición de un polémico caso que seguramente dará mucho de qué hablar, y hará alzar la voz a los ultras de la libertad de expresión.
Dice el texto, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Sexagésimo Noveno de lo Civil, que en el reportaje titulado Infierno en el Cadillacse describe al actor como una persona que asistía de manera quincenal, siendo presidente del PRD, a ese table dance, en busca de una chica en particular a quien esperaba.
Se tomaba uno o dos tragos. La chica se vestía y se iba con él, y que le pagaba de diez a quince mil pesos.
Jesús puso la demanda por daño moral porque, a su juicio, ambos trabajos lastimaron su prestigio y su carrera “menoscabando mi seguridad e integridad física, afectaron mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación y mi vida privada”.
Fue, incluso, el villano en las redes sociales.
Cuenta el perredista que después de leer a Sanjuana habló con su esposa, la senadora Angélica de la Peña. Ambos resolvieron poner la demanda. “No cederemos al chantaje”, dijeron.
El documento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dice que la demandada alegó que en ambas entregas surgen de trabajos periodísticos sustentados en el Derecho a la Información y a la libertad de expresión consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución. Pero, también, que se realizaron con base en testimonios de personas que vivieron esa experiencia.
El Tribunal afirma que Sanjuana exhibió como pruebas copias simples de una averiguación previa FDTP-TP1/030/13-06 tramitada, a su decir, en la PGJDF, de la Subprocuraduría para la Atención de Trata de Personas, Unidad de Investigación sin Detenido.
Las pruebas no fueron suficientes, el Tribunal recuerda que el Sexto Constitucional dice que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, la vida privada, provoque algún delito o perturbe el orden público.
“La demandada no ofreció ningún elemento de prueba, habiendo precluido su derecho. De tal manera que las citadas copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno”, concluye la sentencia.
La periodista tendrá que indemnizar a Ortega. La cantidad no ha sido fijada. Jesúsla dejó a criterio del juez. El monto, aseguró, será donado íntegro a organizaciones que luchan contra la trata de personas. Está obligada, también, a publicar la sentencia y a pagar los gastos del prolongado juicio (tres años).
“No intento hacer escarnio. Se tiene que ser responsable de sus señalamientos. Todos estamos sujetos al escrutinio público”, nos dijo.
Le preguntamos si no había modo de llegar a un arreglo. La respuesta fue contundente: ¡No!
En el Senado todos repiten como estribillo su voluntad de sacar adelante las Leyes Secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. El caso es que todavía no hay ni siquiera un predictamen que indique que haya avances reales y no sólo declaraciones prometedoras.
Las comisiones se iban a reunir este miércoles. El encuentro ya se pospuso para el próximo jueves. ¿La razón? De última hora se presentó un documento avalado por la senadora independiente Martha Tagle: el panista Juan Carlos Romero Hicks y el perredista Armando Ríos Piter.
El documento se refiere a cuatro temas: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; La Ley Orgánica del Tribunal General de Justicia y adiciones a la iniciativa ciudadana conocida como Ley #3de3.
A ese paso se ve difícil que aprueben las siete leyes secundarias antes del 30 de abril. En esa fecha finaliza el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Pero no pierda la fe. Hay milagros.