De nueva cuenta se ha exhibido públicamente una violación de parte del estado mexicano a la Constitución y al debido proceso jurídico establecido en la misma. Esta vez fue por parte de un miembro de las fuerzas armadas a quien se observa en un video ejecutando a un presunto delincuente.
Al momento en que este video sale a la luz, diversas opiniones en las redes sociales se hicieron presentes. Algunas, alabando la ejecución y otras, condenando la falta de un procedimiento judicial. Desde hace tiempo no es ningún secreto el hecho de que las diversas ramas de las fuerzas de seguridad, ejercito, marina y policía federal, han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, practicante desde que comenzó la llamada “guerra contra el narco trafico” llevada a cabo por Felipe Calderón al inicio de su período de gobierno.
Ello se debe precisamente a que esta “estrategia de seguridad” puesta en práctica por el ex presidente Calderón y que ha sido continuada por Enrique Peña Nieto carece de objetivos tangibles, sin mencionar que no se enfoca directamente en detener el financiamiento de los distintos grupos delictivos, además de que no especifica cuáles serán los criterios con los que deberán actuar el ejercito y la marina, ni tampoco en qué momento se les deberá ir regresando a los cuarteles.
Toda esta falta de preparación tanto jurídica como administrativa por parte de las fuerzas de seguridad, generan conductas ilícitas que a su vez merman la confianza ciudadana en el actuar del estado, así como en el cumplimiento de la ley, al mismo tiempo que también genera pérdida de legitimidad con el riesgo latente de generar inestabilidad en el país.
Los hechos sucedidos en días pasados, obligan a las autoridades a la reflexión que lleve a la autocrítica, a la investigación exhaustiva para delimitar responsabilidades y la aplicación irrestricta de la ley. Por el bien de la ciudadanía, de las fuerzas armadas y de la misma estabilidad de la nación, la estrategia de seguridad actual debe replantearse.
Lo anterior significa que debe esclarecerse el actuar de las fuerzas de seguridad así como también el respeto a la garantía del estado de derecho, atacando de manera efectiva el financiamiento de los grupos delictivos.
Cabe señalar que incluso distintas autoridades de las fuerzas armadas, incluyendo al propio secretario de la Defensa Nacional, han pedido que se regule el tipo de acciones que pueden realizar en las tareas de seguridad interior, puesto que mantener la estrategia actual sin una legislación efectiva que regule a las fuerzas armadas solo genera el desgaste de éstas, lo cual desde luego no es nada positiva para la nación, sin mencionar que también genera fricciones dentro de las propias fuerzas armadas, ya que la mayoría de tiempo cuando hay violaciones al debido proceso, las altas autoridades buscan deslindarse de responsabilidad y dejar que sean los los bajos rangos quienes paguen el costo político y jurídico, lo que obviamente genera molestia e inconformidades entre las unidades de menor rango.
Urge entonces un replanteamiento efectivo de la política de seguridad en el país, que pase por el respeto al estado de derecho, a la garantía del debido proceso, por un marco jurídico que determine con claridad el papel de las fuerzas armadas y que éstas se ciñan estrictamente al mismo. De lo contrario la seguridad para los mexicanos seguirá siendo solo un anhelo.