El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro destaca una crisis constitucional en México derivada del desacato a mandatos judiciales.
Ciudad de México.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha optado por no retirar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), desoyendo la orden de una jueza federal, esta acción representa un desacato y señala una profunda crisis constitucional en México, manifestó el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro.
Sheinbaum Pardo ha anunciado que presentará una queja contra la jueza de Veracruz que emitió la suspensión de la reforma judicial, a pesar de la falta de acciones del Consejo de la Judicatura Federal.
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El magistrado del Primer Circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, recalca que la respuesta adecuada ante un desacuerdo con una decisión judicial es utilizar los recursos legales disponibles, como apelar la decisión ante un tribunal colegiado, y no el desacato.
Gómez Fierro subraya que ignorar los procesos institucionales compromete el Estado de Derecho y refleja una crisis constitucional.
“La crisis constitucional existe desde que hay resoluciones que no se han acatado”, explica.
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La desobediencia a los mandatos judiciales, especialmente desde la Presidencia, establece un precedente preocupante que impacta negativamente en la democracia y la certeza jurídica.
El magistrado anunció su renuncia al Poder Judicial en protesta a la reforma constitucional, que introduce un sistema de elección popular para jueces y magistrados, comprometiendo, en su opinión, la independencia judicial.
“Sí. He decidido dar por concluido mi encargo como magistrado de circuito”, declaró Gómez Fierro, rechazando participar en el nuevo sistema de elección.
Gómez Fierro también criticó el proceso en el Senado que utiliza una ‘tómbola’ para decidir el destino de jueces y magistrados.
“Es vergonzoso ver un sábado en la mañana que tu futuro se va a decidir en una tómbola”, comentó.
Además, el magistrado expresó su preocupación por el Tribunal de Disciplina, que ve como una amenaza a la independencia judicial.
“Los tipos de sanción que se abrieron son tan amplios que cabría cualquier cosa”, indicó, destacando el riesgo de que las decisiones judiciales sean penalizadas por no alinearse con los intereses políticos.