Morelia, Mich.- Criminalizar a una mujer por aborto es violencia de Estado, afirmó Olga Sánchez Cordero, senadora de la República por el partido Morena.
Los que criminalizan a una mujer que posiblemente tomó una de las decisiones más difíciles de su vida, son unos violentadores, agregó la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Que quede grabado aquí, advirtió, ante aplausos y gritos del público que asistió a escucharla en el foro “Retos institucionales ante la violencia feminicida” realizado en Morelia.
Esa criminalización es “violencia institucional, violencia del Estado contra una mujer”, sotuvo al manotear el atril desde el que se expresó por los 10 feminicidios que se contabilizan en el país a diario y del que a decir de la titular de Conavim, Fabiola Alanis Sámano, involucra también la muerte de dos menores de edad.
Entre las asistentes al foro se encontraba la actual presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la morenista Julieta García Zepeda, misma que ha manifestado estar en contra de despenalizar el aborto, sosteniendo con ello una postura provida, pese a representar ideales de izquierda.
“Las que estamos a favor de la despenalización del aborto hasta las doce semanas no somos abortistas. Queremos que nuestras mujeres no enfrenten un proceso penal y por ende la privación de la libertad”, señaló bajo la mirada de García Zepeda.
“Es y quiero que se lo graben, es un tema de discriminación y de violencia en contra de las mujeres”, expresó al tomar un pañuelo verde y colocarlo en su cuello a manera de solidaridad.
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Es discriminación porque “el susodicho anda por la calles sin ninguna preocupación o tema, cuando es quien, en muchas ocasiones la llevó a abortar o quién en muchas ocasiones le impuso la relación sexual y eso si, anda campantemente por la calle embarazando a cualquier cantidad de jóvenes y en la impunidad total” sostuvo.
La corte ya decidió esto en varias ocasiones respetando la configuración legislativa de cada estado, no hay intromisión, dijo, cada entidad debe tomar sus propias decisiones, pero no se puede seguir aceptar la recriminalización de las mujeres que toman esta decisión.