El crimen organizado busca influir en las elecciones judiciales en Michoacán, una región con alta violencia y debilidad institucional
Morelia, Michoacán.- El crimen organizado ha identificado en la elección judicial de este año una oportunidad sin precedentes para imponer a sus propios candidatos en Michoacán, una de las entidades con mayor riesgo del país debido a su alta tasa de violencia, economías capturadas y debilidad institucional, alertó Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa.
“Esta es la primera elección en que el crimen organizado ve la posibilidad de imponer directamente a sus propios candidatos”, advirtió el especialista en entrevista con Contramuro.
De acuerdo con el más reciente análisis de México Evalúa, Michoacán, donde el Instituto Nacional Electoral (INE) trabaja a marchas forzadas para garantizar legalidad en un proceso inédito, cumple con tres de los cuatro factores de riesgo que permiten la captura del sistema judicial por actores criminales:
A decir de Armando Vargas, la disputa entre cárteles, la cooptación de economías locales —como el aguacate y el limón— y antecedentes de violencia político-electoral, constituyentes elementos que se manifiestan en Michoacán.
Aunque el cuarto factor —la proporción de cargos judiciales en juego— no rebasa el umbral crítico, sí representa un foco de atención: el 48 por ciento de los cargos judiciales en la entidad serán renovados en 2025.
Uno de los estados más violentos del país
En 2024, Michoacán registró una tasa de homicidios dolosos de 74.4 víctimas por cada 100 mil habitantes, casi el triple del promedio nacional (25.7).
Aunque esto lo mantiene fuera de las entidades con “balance muy negativo”, revela una situación crítica, pues el estado persiste en niveles históricamente altos de violencia letal, asociados directamente al conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y otros grupos en zonas limítrofes con Guerrero, Jalisco y Morelos.
En materia de extorsión, el estado se encuentra en situación de “riesgo inminente” con una tasa de 24.4 víctimas por cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio nacional de 6.6.
Esta modalidad delictiva —clave para el financiamiento del crimen organizado— afecta tanto a la economía formal como a la informal, debilitando los márgenes de resistencia social.
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Expansión de redes criminales y narcomenudeo en ascenso
Si bien el narcomenudeo en Michoacán no figura entre las tasas más altas del país (35.6 carpetas por cada 100 mil habitantes frente al promedio nacional de 78.5), México Evalúa advierte una tendencia al alza que revela el avance sostenido de las redes de distribución de droga, acompañadas de violencia y disputas territoriales.
El fenómeno no es exclusivo de Michoacán. El análisis ubica a Colima, Guerrero, Morelos y el propio estado como parte de una franja crítica en la región centro-suroeste del país, marcada por confrontaciones entre organizaciones criminales nacionales, regionales y locales.
En estos territorios, la Familia Michoacana no solo enfrenta al CJNG, sino que también ha lanzado ofensivas para controlar entidades vecinas.
Captura institucional y estrategias de intervención criminal
México Evalúa ha identificado cinco mecanismos principales de intervención del crimen organizado en procesos electorales: violencia directa (homicidios, amenazas, secuestros), financiamiento ilegal, imposición de candidaturas, coacción del voto e intervención directa en casillas.
“Estos mecanismos se pueden combinar”, alertó Vargas. “Frente al desconocimiento de cómo va a funcionar bien la elección, probablemente veremos un traslape de estas formas de intervención, o incluso un mayor empuje de la violencia, que es el mecanismo más fácil de ejecutar”.
El especialista también advirtió que la omisión de las autoridades ha permitido la expansión del fenómeno:
“No se ha hecho prácticamente nada para revertirla”, dijo, y responsabilizó directamente a la concentración del poder político: “Morena hoy tiene ventaja porque tiene capturado el Poder Legislativo y buena parte del Judicial”.
Esta concentración se extiende a nivel nacional. Vargas cuestionó que incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hayan documentado actos anticipados de campaña, lo que debilita los mecanismos de fiscalización y abre la puerta a mayores irregularidades.
Nuevas metodologías para medir la violencia
El monitoreo de violencia de México Evalúa para 2025 incluye una innovación clave: incorpora el número de personas desaparecidas y no localizadas como parte del cálculo total de violencia homicida, reconociendo que la desaparición forzada se ha convertido en una estrategia para evitar que los cadáveres figuren en las estadísticas de homicidios.
Esta metodología muestra un panorama aún más crudo. A nivel nacional, entidades como Puebla, Ciudad de México y Guanajuato también presentan balances “muy negativos”, cada una con características propias:
En Puebla, por el robo de combustibles; en la CDMX, por la expansión del narcomenudeo y la extorsión; y en Guanajuato, por la lucha de control total entre cárteles.
Justicia en jaque, democracia en riesgo
En este contexto, México Evalúa alerta que lo que está en juego no es solo la legalidad del proceso judicial en Michoacán, sino la posibilidad de que el crimen organizado capture definitivamente el aparato de justicia en zonas donde ya ha cooptado gobiernos municipales y economías enteras.
“Se están creando todas las condiciones para un proceso revuelto, donde perderá la justicia”, sentenció Vargas.
La organización continuará con su monitoreo del proceso electoral y judicial para advertir a tiempo sobre los riesgos que enfrenta la democracia mexicana y el Estado de derecho.