Es curioso como a pesar de que actualmente el país está sufriendo el impacto de dos fenómenos naturales simultáneos: un terremoto de 8.2 grados y una tormenta tropical, los mayores problemas no son los que parten del daño causado por estos desastres naturales. Sin duda alguna, es lamentable que muchas personas hayan quedado incomunicadas, sin servicios, o incluso hasta hayan perdido sus hogares y en algunos desafortunados casos sus vidas.
Desde luego es importante valorar los esfuerzos de rescate y reconstrucción que están llevando a cabo distintas organizaciones de la sociedad civil y del propio estado mexicano para apoyar a las zonas afectadas. No obstante, de nueva cuenta los problemas que no solo impactan en el corto plazo sino también en el mediano y en el largo, no son los que provienen de la naturaleza, sino aquellos que provienen de las tomas de decisiones, específicamente de la toma de decisiones en la esfera federal mexicana.
Antes del impacto de estos fenómenos naturales, circulaban en la opinión pública tres temas de gran relevancia, el primero de ellos, la posible terminación de la DACA por parte de la administración de Donald Trump, que pondría en riesgo de deportación a más de 600 mil personas migrantes en EUA, la mayoría de ellas jóvenes estudiantes, el segundo, la expulsión del embajador norcoreano por parte de las autoridades federales mexicanas, y finalmente el tercero, la llamada “Estafa Maestra” revelada por parte del portal digital Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, donde se exponía una red de triangulación financiera para el desvío de recursos públicos a través de entidades federales y universidades públicas que finalmente lo canalizaban hacia empresas fantasma.
Y a pesar que estos tres temas no parecen estar directamente relacionados entre sí, si conllevan un factor común: la complicidad del orden federal.
Quizá en el caso de la terminación de la DACA y la expulsión del embajador de Corea del Norte, se pueden encontrar otros elementos en común, como lo sería la actitud sevillista del gobierno federal hacia el gobierno de Trump. Ya que aunque de manera explícita el gobierno federal no se ha posicionado del lado de Trump, de manera fáctica está demostrando que está dispuesto a ceder a las presionas y actitudes políticas que ha venido haciendo el controvertido magnate desde el comienzo de su precampaña presidencial.
Este servilismo no declarado, puede evidenciarse en la falta de declaraciones firmes por parte del gobierno mexicano condenando la posible terminación de la DACA, como también lo demuestra con el incremento de la actividad del Instituto Nacional de Migración para buscar indocumentados centroamericanos y caribeños en suelo mexicano, sirviendo las autoridades migratorias como elementos filtradores para disminuir la migración hacia EUA. Sin embargo, el mejor ejemplo hasta ahora es la expulsión del embajador Kim Hyong Gil. Ya que si bien es cierto que Corea del Norte ha venido desacatando las resoluciones de la ONU en materia de desarrollo nuclear, México siempre ha respetado la autodeterminación de los diferentes estados internacionales, en especial aquellos que no nos afectan directamente tal como es el caso de Corea del Norte.
Suponer que es “adecuado” para México expulsar al representante norcoreano por servirle a un país que desacata resoluciones de la ONU y realiza pruebas con armas nucleares, sin lugar a dudas es una proposición burda y poco estratégica, ya que si realmente fueran esas las razones de la expulsión del diplomático norcoreano entonces también se tendrían que expulsar a los embajadores de Rusia, Estados Unidos, India, Pakistán, China, Inglaterra e Israel, y es obvio que el gobierno federal no hará esa acción.
Sin duda esta decisión tiene como única raíz la presión estadounidense, debido a que anteriormente Trump pidió a los países que sostuvieran relación con Corea del Norte que la rompieran.
El embajador norcoreano criticó de manera rotunda esta decisión, y con toda razón, ya que no solo se está gastando capital político internacional de manera innecesaria, sino que además esta acción solo hace ver al gobierno peñista como un gobierno sumiso frente a los EUA de Donald Trump, especialmente en un momento donde se esperaría que el gobierno mexicano se viera como un fuerte y hábil negociante para proteger a su gente en territorio estadounidense de las amenazas del gobierno de este país.
A parte de ello, a este servilismo se le suma el escándalo de la llamada “Estafa Maestra” donde se descubrió que diferentes instituciones federales como PEMEX, SEDESOL, FOVISSTE, SCT, BANOBRAS, SEP, SAGARPA, SENASICA, RAN, SE, y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, desviaban recursos financieros para ciertas universidades públicas como la UAEM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Tecnológica de Tabasco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, el Instituto Superior de Comalcalco, y la Universidad Autónoma del Carmen, quienes a su vez los depositaban en supuestas empresas para aparentemente prestar algún tipo de servicio, pero que ya no existían o que realmente no tenían permiso para operar, y así beneficiar a los funcionarios que canalizaban el dinero y al mismo tiempo las autoridades de esas universidades se quedaban con un porcentaje. Y por supuesto todo ello con pleno consentimiento de las autoridades fiscales federales que al final de cuentas responden al poder ejecutivo y ligeramente al legislativo.
Finalmente pueden decirse sin problema alguno que estas tres acciones, la relativa pasividad del gobierno federal frente a la posible terminación del DACA, la expulsión del embajador de Corea del Norte, y el encubrimiento fiscal-administrativo de la autoridad federal en el caso de la “Estafa Maestra”, generan impactos negativos tanto mediatos como inmediatos, tal como lo son la pérdida de credibilidad política tanto nacional como internacional hacia el gobierno mexicano y la pérdida de confianza institucional, y exhiben a los altos miembros del gobierno federal como estrategas políticos mediocres, lo cual tiene también un impacto negativo en la reputación del país.