Colectivos y organizaciones piden cooperación internacional para abordar la crisis de desapariciones en México, apoyando al CED de la ONU.
Ciudad de México.-Familiares, colectivos de búsqueda de desaparecidos y organizaciones civiles han respaldado la decisión del Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, liderado por el doctor Olivier de Frouville, de iniciar un procedimiento ante la Asamblea General, esta acción se debe a la percepción de un posible contexto generalizado o sistemático de desapariciones en México.
“Sabemos que sólo con cooperación internacional y escrutinio independiente, México podrá encontrar una verdadera solución a la realidad de la desaparición forzada, y es ahí donde el gobierno debe colaborar”, señalaron 364 familias, 158 colectivos, 108 organizaciones y 272 personas solidarias en un comunicado difundido en redes sociales.
Desde 2015, se ha solicitado al CED aplicar en México el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, en respuesta a una crisis sostenida y en aumento. Durante 14 años, diversos colectivos y familiares han proporcionado información sobre las desapariciones en México, así como las deficiencias y fragmentación de las medidas implementadas en los últimos cuatro sexenios.
En este contexto, rechazaron la declaración del Senado del 8 de abril, que niega que las desapariciones forzadas en el país sean prácticas generalizadas o sistemáticas. “Este pronunciamiento, aprobado por mayoría en el Senado y respaldado por su Mesa Directiva representa una negación oficial del contexto de violencia que viven cientos de miles de familias en el país”, criticaron los firmantes.
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Los colectivos, familiares, organizaciones y personas solidarias enfatizaron que el Estado tiene la obligación de investigar, buscar y sancionar los delitos relacionados con las desapariciones. Advirtieron que rechazar la ayuda de mecanismos como el CED “no contribuye a generar un clima de confianza, ni demuestra una verdadera apertura a soluciones, como se ha anunciado desde la presidencia”.
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Además, afirmaron que el artículo 34 no es una amenaza, sino “el último recurso que la comunidad internacional ofrece cuando un Estado no responde ante una crisis humanitaria”.