En el Congreso de Michoacán, la Contraloría Interna batea al Comité de Administración sobre el polémico del software irregular contratado en la pasada Legislatura
Morelia, Michoacán.- La Contraloría del Congreso de Michoacán batea los requerimientos que el Comité de Administración y Control le ha formulado sobre la auditoría realizada a la adquisición irregular de un software en la pasada Legislatura y que causó un quebranto al erario por 5.5 millones de pesos.
El presidente del Comité, Juan Pablo Celis Silva, informó que hasta el momento se han realizado dos requerimientos a la Contraloría para que entregue dicha información pero ambos permanecen sin respuesta.
Cabe recordar que la adquisición irregular de un software para la contabilidad del Congreso, fue uno de los mayores escándalos de corrupción en la pasada Legislatura local; sobre él que hay una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, ratificada por el propio Legislativo.
“Hablando del Comité, yo tengo conocimiento que se mandó a realizar una auditoría pero los resultados de ésta yo no los recibí, entonces estoy pidiendo, estoy exigiendo los resultados para conocer que sucedió con ese software”.
En un oficio fechado el 16 de diciembre de 2024, Celis solicitó la información a la encargada del despacho de la Contraloría Interna, Brenda Fraga Gutiérrez, quien ha sido omisa en responder.
“Por este medio, me permito hacer de su conocimiento que el pasado 28 de noviembre del presente año, se solicitó información sobre la posible mala praxis de la función o ejercicio indebido de recursos de la saliente secretaría de Finanzas de este H. Congreso, C.P. Ma. Del Rocío Pineda Gochi, sin que a la fecha se haya dado respuesta”.
Es así que con base a lo mandatado en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, en su artículo 100, fracción III, se solicita a Brenda Fraga dar respuesta a la información solicitada.
“De igual manera, solicito se informe si en la LXXV Legislatura el Comité de Administración y Control le presentó denuncia, querella, escrito y/o su homólogo ante esa Contraloría Interna a su cargo, y en su caso, informe cuál fue el motivo de la misma y el estado procesal que guarda”.
Brenda Fraga, quien está como encargada de despacho en la Contraloría Interna formó parte como diputada de la pasada Legislatura, ésta última caracterizada por sus escándalos por irregularidades en el ejercicio de los recursos.
La propia Brenda Fraga fue acusada públicamente en diciembre de 2022 por su suplente, Gabriela Cázares, de cobrar indebidamente recursos del Congreso mientras era titular de la Secretaría del Migrante en la actual administración estatal.
Frente a la falta de respuesta de la Contraloría Interna a los oficios que le ha turnado, Juan Pablo Celis fue cuestionado sobre las dificultades de que una integrante de la pasada Legislatura esté como encargada de despacho, ante lo que refirió que seguirá insistiendo y exigiendo que se le entregue la información requerida.
“A mí me interesa el tema de avanzar con el Comité ¡y bueno!, por eso espero que no sea de mala fe y que me puedan dar esta información”.
El escándalo
La contratación irregular de un software para el manejo contable del Congreso fue en la recta inicial de la LXXV Legislatura, cuando la Junta de Coordinación Política era presidida por Fidel Calderón. En la primera mitad del 2022 el tema derivó en un escándalo por posibles actos de corrupción.
Sin contar con el poder legal para ello, funcionarios legislativos entregaron información confidencial de la planta laboral del Congreso a la empresa E5 Software, contratada para la instrumentación del referido software.
Los poderes otorgados por la entonces presidenta del Congreso, Adriana Hernández Íñiguez a funcionarios legislativos, no los facultaban para celebrar contratos de servicios para la instrumentación del software.
Pese a ello el poder otorgado se usó de manera indebida por María Isabel Ceja Linares para celebrar un contrato de prestación de servicios, firmado el 30 de diciembre de 2021, con el proveedor José Alfredo Aburto Gaitán para implementar un sistema de cómputo, conocido con el nombre comercial de “PROGRP” para el manejo contable de la Cámara
La contratación irregular del software se dio por orden directa de Mario Alberto Villegas Alfaro, quien frente a la presión por las irregularidades en la Cámara, en febrero de 2022 dejó el cargo como secretario de Administración y Finanzas del Congreso.
A pesar de que se argumentó experiencia de la empresa para su contratación, en los hechos el Congreso local era su único cliente gubernamental. El software jamás operó.
El 30 de diciembre de 2021, María Isabel Ceja Linares, en representación del Congreso, firmó dos contratos con José Alfredo Aburto Gaytán en su carácter de proveedor, uno para concretar la contratación de sus servicios, y otro de confidencialidad.
Otras tres firmas aparecían en el contrato de confidencialidad, la de Enrique Martínez López y la de Carmen Alicia Terrero Huéramo con carácter ambos de “receptor”, y la de Yair Omar Ramírez García como testigo.
En dicho contrato se acordó la entrega de información confidencial al proveedor, el cual se comprometía a no enajenarla, arrendarla, prestarla, grabarla negociarla, revelarla, publicarla, enseñarla, darla a conocer, transmitirla o de alguna otra forma divulgarla o proporcionarla por cualquier medio.
Frente al caso, en abril de 2022 los entonces diputados Juan Carlos Barragán, Julieta García y Eréndira Isauro presentaron una denuncia por la adquisición irregular.
Debido a que los 5.5 millones de pesos para la contratación del software eran recurso federal, se buscó que la denuncia quedara en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, la exsecretaría de Finanzas de la Cámara, Rocío Pineda Gochi habría falseado información sobre el origen de los recursos para que el caso no fuera investigado a nivel federal, según lo declaró en agosto pasado Juan Carlos Barragán en entrevistas.
De las personas denunciadas por este caso, todas excepto una dejaron de trabajar para el Congreso, ésta permaneció cobrando como asesora del legislador Fidel Calderón hasta el fin de la LXXV Legislatura.