La consulta indígena y de personas con discapacidad en Michoacán enfrenta obstáculos financieros y burocráticos.
Morelia, Michoacán.- El proceso de consulta a comunidades indígenas y de personas con discapacidad para cumplir con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de Educación del Estado, estaría trabado entre la presidencia de la Mesa Directiva y la Secretaría de Finanzas de Congreso local.
Así lo considera la diputada Brenda Fraga Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, quien defiende el planteamiento de su partido –el PT- para la contratación de una Consultoría de Contadores de nombre Casvi, como encargada de la realización de los trabajos.
Cabe recordar que en mayo de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CNDH) invalidó porciones de la Ley de Educación del Estado en materia de educación indígena, inclusiva y especial debido a que el Congreso no consultó a las comunidades indígenas y de personas con discapacidad como está obligado en todos los temas que a éstas les atañen. La Corte dio un año a la Cámara para reponer el procedimiento, el cual venció en mayor de 2023, y desde entonces los diputados locales permanecen en desacato.
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Las comisiones de Educación y Pueblos Indígenas del Congreso son las que tienen en sus manos el desarrollo de los trabajos para el cumplimiento al fallo de la Corte. Ambas las presiden militantes del PT, la primera Belinda Hurtado y la segunda Brenda Fraga.
El proceso para la consulta indígena
En entrevista, Brenda Fraga apuntó que el tema de la consulta indígena es una deuda que se tiene como Legislatura, “prácticamente el tiempo que mandata la Corte concluyó, se terminó, solicitamos una prórroga aunque no existe como tal esa figura, pero se solicitó atendiendo las dificultades que se han presentado.
“Yo creo que lo difícil, lo complejo, ya se había superado, que es el asunto de que nos pusiéramos de acuerdo las comisiones, que la Junta de Coordinación Política nos cediera la atribución para darle seguimiento; pero lo más complejo aún es tener recurso y presupuesto para ello, cosa que ya se había logrado desde el año pasado y no se atendió por una u otra cosa. El Plan que nosotros entregamos es para una consultoría que está conformada por expertos en la materia de desarrollo y de pueblos indígenas…”
Brenda Fraga Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso
-¿Ya no es Casvi entonces?
“Es la compañía Casvi que tiene varias vertientes, una de ellas o la principal, es que han estado acompañando a los pueblos originarios de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, donde han presentado amparos no solamente contra la Ley de Educación de esos estados, sino incluso contra la Ley Federal de Educación. Es la experiencia o la expertis que ellos tienen, todos son abogados, todos son doctores, todos han tenido participación activa con los pueblos originarios”.
Brenda Fraga Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso
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De acuerdo con Brenda Fraga se conformó un equipo “para que pudiera haber un experto en lengua de señas, en braille y además buscar las condiciones para que hubiera expertos en autismo y síndrome de Down, se armó un gran equipo, se hizo el planteamiento a comisiones; primero se discutió ahí y estuvieron de acuerdo”.
“Las personas responsables vinieron a Michoacán para poder generar las condiciones necesarias de comunicación, se presentó un plan de acción sumamente complejo y completo donde abarca una fase de diagnóstico para ver la dimensión que tiene Michoacán respecto a los pueblos originarios y a las personas con discapacidad; después del diagnóstico viene una etapa de preconsulta que es donde se diseña junto con los expertos en territorio y con las comunidades cómo quieren ser consultadas, además de las condiciones que ya marca la Suprema Corte de Justicia, las particularidades que tiene cada comunidad o cada uno de los sectores de discapacidades”.
Brenda Fraga Gutiérrez, diputada.
“Después de la preconsulta viene la consulta que ya es territorial y que es directamente en cada uno de los espacios, con las asociaciones, con los grupos, con la población, con las comunidades, incluso con las condiciones de las comunidades que soliciten no ser consultadas, porque también existe el derecho a no recibir la consulta como tal. Después viene una fase donde se diseña la Ley de Consulta Ciudadana -porque no la tenemos en el estado-, y posteriormente el tema de una propuesta que se hizo para que desde el Instituto haya consultas posteriores o futuras, porque las consultas se quedan en Michoacán y se quedan en el Legislativo”.
Brenda Fraga Gutiérrez, diputada.
-¿Dónde se puede consultar la experiencia que dices que tiene Casvi?, porque lo que es público en la web es que es una Consultoría de Contadores, con sede en un casa de interés social de un FOVISSTE en Oaxaca y sin referencias de trabajo jurídico y con las comunidades…
“Les podemos hacer llegar parte del expediente que nos permite la empresa hacerlo público y que no contiene datos personales, pero si los casos que han acompañado, los triunfos que han tenido para los pueblos originarios”.
Brenda Fraga Gutiérrez, diputada.
Cabe apuntar que hasta el momento la información ofrecida por la legisladora, no ha sido proporcionada a Contramuro.
-¿Qué pasó con los 10 millones que se etiquetaron el año pasado para este tema?, porque para este 2024 fueron otros siete.
“Las comisiones solicitamos una reunión con la presidencia del Congreso y la Jucopo, en donde estuvo el área de finanzas; nosotros hicimos una exposición de la ruta de trabajo de prácticamente año y medio que se ha realizado. Esto no está a contentillo sino que es una obligación, incluso hay diputados que no saben que los pueden destituir si no se realiza la consulta, esto es un tema de los 40”.
Brenda Fraga Gutiérrez, diputada.
Sobre el dinero Brenda Fraga señala no tener más información, y que es Finanzas del Congreso quien debe aclararlo.
“Nosotros no hemos ejercido ni un peso en todo este tiempo que hemos trabajado, aún y con ello hemos presentado un plan de trabajo, hemos hecho reuniones con expertos de comunicación, con los diputados de la Jucopo y hemos intentado generar las facilidades que la propia Ley nos dice, que las propias leyes de uso de recursos nos señala, lo mismo que en el tema de la transparencia”.
Brenda Fraga Gutiérrez, diputada.
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Sobre el costo que implicará la contratación de Casvi, apunta que será un 35 por ciento de los diez millones que se habían etiquetado en 2023, es decir, se prevé que cobre 3.5 millones de pesos, en tanto que los 6.5 millones restantes serían para trabajo en territorio.
La petista apunta que las comisiones están a la espera de las decisiones de la Presidencia de la Mesa Directiva y la Secretaría de Finanzas del Congreso, y expuso que éstas han puesto trabas con requisitos y documentos que les solicitan.
“Nos han llegado oficios donde nos manifiestan que nos hacen falta algunos documentos, los presentamos, no cumplen con los requisitos que ellos mismos nos piden y entonces entre las dos áreas se avientan la bolita de cuál es el documento que falta”.
Brenda Fraga Gutiérrez, diputada.
-¿Está esperando la presidenta Ivonne Pantoja irse de campaña para no tener que asumir la responsabilidad en la contratación de Casvi?
“Espero que no sea así, nosotros estamos insistiendo en que la responsabilidad que tenemos como representantes populares con este tema es estar al 100 por ciento; quienes se vayan de campaña o se queden en el Congreso la responsabilidad no se nos quita. Nosotros exhortamos que tanto las áreas de finanzas como de jurídico se pongan de acuerdo”.
Brenda Fraga Gutiérrez, diputada.