El consejero nacional del PRI, Armando Barajas Ruiz, solicitó la expulsión de los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, respectivamente, ante las acusaciones en su contra por presuntos actos de corrupción.
El presidente de la “Corriente Solidaridad” pidió al presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, Fernando Elías Calles Álvarez, la suspensión temporal de los derechos partidarios de los tres mandatarios estatales tras presentar un documento en el que desglosa presuntas irregularidades relacionadas con el uso de recursos públicos.
Barajas Ruiz destacó que de acuerdo al artículo 227 fracción X del Código de Justicia Partidaria, los funcionarios cometieron faltas de probidad y delitos en el ejercicio de las funciones públicas.
Detalló que en el caso de Veracruz, existen dos denuncias interpuestas por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara porque el gobierno de Duarte no ha cubierto el pago de subsidios por 2,076 millones de pesos desde 2013. Además, existen 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso de contratos entre dependencias del gobierno estatal y “empresas fantasma”.
En el caso de Chihuahua y Quintana Roo, Barajas Ruiz indicó que el gobernador Duarte tiene 17 denuncias en su contra por presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mientras que el Congreso de la Unión solicitó a la misma instacia investigar los recursos federales entregados en 2015 al gobierno de Quintana Roo, por más de 16,700 millones de pesos, a través de los ramos 28, 23 y 33.
Esta no es la primera vez que el propio PRI se deslinda de sus militantes en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.
En su momento, como dirigente interina del tricolor, Carolina Monroy, aseveró que el partido no “solaparía” actos ilegales, por lo que de ser responsables –Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge—tendrían que enfrentar responsabilidades.
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César Camacho, coordinador de los diputados del PRI, también coincidió en que los propios gobernadores deberán ser quienes se defiendan, pues el partido no cobija ni protége a nadie.
En su toma de protesta como dirigente nacional del instituto político, Enrique Ochoa Reza, subrayó que el PRI debe ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de sus filas, qu exija su fiscalización e incluso su destitución.
“Debemos de ser críticos y autocríticos”, aseveró Ochoa Reza en el a su primer discurso recitado en la ceremonia realizada en el CEN tricolor, donde no se vió a los gobernadores de Veracruz, Chihuahua ni Quintana Roo.
En los días posteriores, el nuevo dirigente ha estado muy activo en sus redes sociales.
Ante la corrupción, el silencio y la omisión son inaceptables. #PRI adoptará las mejores prácticas #anticorrupción. pic.twitter.com/arw43wTWfN
— Enrique Ochoa Reza (@EnriqueOchoaR) 18 de julio de 2016
.@PRI_Nacional será exigente en señalar y promover el castigo de actos de corrupción en todos los niveles y partidos pic.twitter.com/dF1xKXjZAo
— Enrique Ochoa Reza (@EnriqueOchoaR) 18 de julio de 2016
El pasado 11 de julio, el gobierno federal impugnó los ‘blindajes’ de los tres mandatarios. Mediante la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad contra los congresos locales por las normas avaladas, consideradas violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.
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