El Informe Legislativo 2017, publicado este mes por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), devela con cifras claras y contundentes la triste, pero sobre todo indignante, realidad de los Poderes Legislativos Locales, quienes se han ido prácticamente por la libre durante décadas, sirviéndose muy generosamente del dinero de la gente y despreocupándose con desdén de aquello de la transparencia y rendición de cuentas. Por resultados ni preguntamos. No los hay.

En este informe se refleja lo que ya se habla y se percibe, en el café, en la reunión social, en la plaza, en el ceño fruncido del jefe o jefa de familia cada vez que se informa (hasta donde esto es posible) en las noticias: que, por ejemplo, el 83% de la gente percibe a los Congresos como corruptos o extremadamente corruptos, el mismo porcentaje, obviamente, no se siente representado y mucho menos confía en sus diputados.

En total, tenemos 1,124 diputados locales en este país que, supuestamente, representan, en promedio por cada uno, a 99,664 personas. Los Congresos Locales, este año ejercerán la cantidad de $13,551,295,955.00, cantidad equivalente al presupuesto entero de Baja California Sur, o bien, de 739 municipios del país. Michoacán es el tercer congreso más caro de la República, después del Estado de México y de la Ciudad de México. El costo por diputado local michoacano (ya con gastos globales) es de 22.4 millones de pesos de la gente (el costo de un diputado federal es de 15.3 mdp), más del doble del promedio nacional (11.1 mdp). Según el estudio, con lo que cuesta en promedio uno de aquí, nos alcanzaría para pagarle a 5 diputados de Campeche, Hidalgo, Tamaulipas, Colima y Puebla.

Según el IMCO, si los congresos locales fueran austeros y eficientes, nos generaríamos un ahorro de más de 9,500 mdp, para financiar, por ejemplo, 6 universidades públicas estatales.

En el caso de Michoacán, el estudio muestra que en los últimos 5 años el presupuesto del Congreso ha crecido en un 53.1%, cuestión totalmente injustificada, atribuible a los pretextos que Usted quiera. Para este año, el presupuesto del Congreso Local es de $897, 390, 000.00. Estamos hablando de casi mil millones de pesos, repartidos entre 40 diputados y un personal de, según el estudio, poco más de 400 trabajadores.

Hace poco menos de 10 años el presupuesto rebasaba apenas los 300 millones de pesos. Uno de los pretextos para aumentar sustancialmente el presupuesto fue que se requería una inyección al presupuesto, suficiente para construir una Ciudad Legislativa (más de alguno recordará las notas periodísticas de entonces), a las afueras de la Ciudad, en donde se concentraran todas las oficinas relacionadas con el quehacer legislativo. Ciudad Legislativa que, obviamente, jamás vio la luz. No obstante ese presupuesto no sólo no fue devuelto, o el presupuesto disminuido a sus montos previos, sino que a partir de ahí fue en inercia de aumento.

Por supuesto que más tardó el IMCO en publicar el estudio que los congresistas en demeritarlo y justificarse. No es su culpa, así recibieron, fueron los anteriores, es que las demandas laborales, es que el sindicato, es que las “diversas responsabilidades”, etc.; razones que pueden ser ciertas, pero que tampoco explican por qué los que están hoy ahí no han hecho nada por disminuir sus costos y se “resignan” a gastar lo que les dan.

No se discute, sino que se entiende plenamente que la dignidad y la categoría de Legislador amerita una dieta decorosa, correspondiente a su alta responsabilidad y que le permita dedicarse con tranquilidad –comodidad si se quiere-, de lleno en su labor; pero fuera de eso, la realidad es que el trabajo legislativo real,  ese que tiene que ver con la creación y adecuación de leyes, fiscalización, control político y la representación social, no requiere mayores recursos que aquellos necesarios para el mantenimiento de una oficina decente, equipo de trabajo, papelería, un secretario o secretaria, uno o dos asesores confiables, pocos viáticos para viajes estrictamente necesarios, principalmente al interior del Estado y, eso sí, mucha convicción, amor y preocupación por Michoacán.

Los demás costos son gastos de operación relativamente fijos, previsibles y conocidos, por conceptos de servicios básicos (luz, agua, teléfono – no celular– e internet, renta de inmuebles, etc.) y sueldos, cuestiones que no son ajenas a ningún otro sector productivo. La “gestión social”, como le dicen al ejercicio del clientelismo político, al que los partidos y sus diputados han acostumbrado a su electorado desde hace muchos años, sosteniendo la espiral de incultura democrática que nos hace tanto daño, y donde se van millones y millones, no forma ni debe formar parte de su labor.

Ante esto, no se justifica en modo alguno el presupuesto actual, mucho menos los mil millones, a los que, seguramente, querrán llegar antes del 2020, bajo el cobijo de la falta de escrutinio público (que también señala el estudio de referencia) y el bajo perfil que, fuera del círculo rojo político, manejan los Poderes Legislativos locales, acostumbrados a que el foco público lo tengan los Gobernadores, que se tienen que cuidar un poco más.

Evidentemente, es de reflexionarse qué hacer con un Poder Legislativo así. Pero también con un Poder Judicial que no fue parte del estudio que comentamos hoy, pero que no canta mal las rancheras… le sale hasta el falsete.

Juzgue Usted.