El Congreso de Michoacán no ha recibido aún una notificación sobre el juicio de amparo promovido en contra del Congreso de Michoacán y el Gobierno del Estado por la aprobación del artículo primero en el que se permite a la actual administración estatal contratar hasta 3 mil 500 millones de pesos de deuda pública.
El presidente de la Mesa Directiva de la LXXIII Legislatura, Raymundo Arreola Ortega, dijo que se está a la espera de ser citados para en caso de que se requiera información o documentos por parte de un órgano jurisdiccional sobre la impugnación de la deuda autorizada al Gobierno del Estado por 3 mil 500 millones de pesos dentro de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán del 2016.
Comentó que se dará respuesta en el momento que llegue la fecha de audiencia y en que se presentarán funcionarios del Congreso local al momento de que los diputados – en su mayoría PRI y PRD- avalaron la aprobación del artículo 1 en el sentido de que permitía contratar recursos adicionales y gestionarlos ante instituciones bancarias.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Pascual Sigala Páez, dijo no contar con un citatorio por un juez federal para responder del motivo del porque se autorizó la deuda pública al actual gobierno de Silvano Aureoles Conejo.
El coordinador de los diputados locales del PRD expreso que esa autorización es un recurso adicional para que atendiera algunas situaciones el Gobierno del estado, pero dijo que al actual mandatario estatal no ha ejercido todavía en lo que va del año.
Adriana Hernández Iñíguez, coordinadora de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseveró que se dará respuesta una vez que se conozca los términos en que se presentó y admitió ante el juez el juicio de amparo por un ciudadano en contra de las resoluciones del Congreso local al votar a favor la línea de crédito por el orden de los 3 mil 500 millones de pesos.
Comentó que se avaló por su grupo parlamentario dicho monto de deuda para rescatar al Gobierno del Estado de la situación financiera.