El Congreso del Estado incumplirá con los tiempos legales para dictaminar las observaciones hechas por el Ejecutivo a las reformas en materia de feminicidio
Morelia, Mich.- El Congreso del Estado incumplirá con los tiempos legales para dictaminar las observaciones hechas por el Ejecutivo a las reformas en materia de feminicidio, esto pese al reclamo social para adecuar el Código Penal en la materia.
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Esta semana vence el plazo de 45 días establecido por la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, para que las comisiones de Igualdad Sustantiva y de Justicia, dictaminen las observaciones turnadas por el Ejecutivo –a principios de noviembre- sobre la reforma al Código Penal que los diputados aprobaron en materia de feminicidio.
Los diputados se encuentran aún de vacaciones, y serán pocos los que aprovechen el receso entre periodos de sesiones para reunirse en comisiones para sacar el cúmulo de asuntos pendientes.
Cabe apuntar que el Congreso aprobó el 29 de septiembre reformas al Código Penal en materia de feminicidio, sin embargo, debido a que el Ejecutivo detecto hasta faltas de ortografía en el decreto, lo regresó con observaciones a la Cámara.
Sin embargo, la causa fundamental de las observaciones tuvieron origen en la mano del petista Baltazar Gaona García, quien en su postura antiabortista ha buscado incorporar a toda medida legislativa relacionada con las mujeres, la protección legal desde el momento de la concepción, postura que ha encontrado eco entre la mayoría de los diputados.
Es así como en la reforma en materia de feminicidio, el Congreso incorporó en dos artículos el concepto “producto de la concepción”, impulsando así la tendencia de “protección a la vida desde el momento de la concepción”, lo que derivó en las observaciones realizadas al decreto por el Ejecutivo Estatal al considerar que el Legislativo local pretende invadir atribuciones que sólo competen al Congreso de la Unión en materia de derechos.
“La Corte consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, resultaba inconstitucional. Para la Corte, no es admisible establecer que el embrión y el feto merecen la misma protección jurídica que las personas nacidas”, señala el Ejecutivo en sus observaciones.
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