Tras suprimir la autonomía financiera de la Auditoría Superior de Michoacán, Congreso deberá generar la normativa para certeza administrativa del organismo
Morelia, Michoacán.-Tras suprimir la autonomía financiera de la Auditoría Superior de Michoacán, al suprimirla como una unidad programática presupuestaria independiente, el Congreso del Estado deberá generar la normativa que dote de certeza en lo administrativo al órgano fiscalizador.
De acuerdo con el titular de la Auditoría, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, es necesario conocer los lineamientos que va a dar el Congreso, con la Junta de Coordinación Política y el Comité de Administración y Control para clarificar la ruta que se tendrá en la Auditoría en su carácter de Unidad Responsable, como quedó catalogada en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023.
“En materia presupuestal debemos tener claridad en la Auditoría si el presupuesto de 210 millones que le fue asignado se va a repartir en los 12 meses y lo estará entregando mensualmente la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso”.
Consideró que al pertenecer la Auditoría a la estructura orgánica del Congreso, también se debe modificar la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso para poder darle estabilidad y aclarar qué parte de estructura va a tener.
Sigue igual, tenemos la autonomía de gestión, tenemos la autonomía técnica y vamos sobre la cuestión de la autonomía financiera; no se modifica ninguna otra ley, eso es importante comentarlo, nada más hay que esperar para saber cómo vamos a quedar”.
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Recordó que para marzo próximo deben darse las salidas para la realización de auditorías sobre el ejercicio fiscal 2022, para lo cual se requiere tener garantizada la disponibilidad de recursos para movilizar al personal.
-¿Qué afectación en actividades de la auditoría ve que pueda tener este cambio de status?
“Nosotros tenemos nuestro registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Auditoría Superior de Michoacán; los trabajadores dependen de la Auditoría y con esto, si no se nos da el recurso, lo más probable es que no podamos cumplir con el programa anual de Fiscalización.
“Mientras no estemos establecidos en los lineamientos no puedo dar un pronunciamiento si podemos o no cumplir con el programa Anual de Fiscalización que sería el más afectado porque dependemos de los viáticos, gasolina y de los servicios de la auditoría”.
En cuanto a la relación laboral con el personal que ya había sido contratado directamente por la Auditoría, apuntó que todos los trabajadores tendrían que trasladarse al Congreso del Estado para que se les pueda respetar su antigüedad”.