Son casi 600 elementos de las corporaciones policiacas del estado, corridos cuando Alfredo Castillo fue enviado como Comisionado a la entidad a los que el Gobierno de Michoacán debe pagar salarios caídos y tres meses de su sueldo por multa.
El fallo del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) a cargo de Arturo Bucio Ibarra a favor de los policías, se dio por qué los despidos fueron a ilegales, por ello se condenó al Estado a pagar 20 millones de pesos.
Las consideraciones que tomó el TJA fueron que los despidos se hicieron en forma verbal; no hubo garantía de audiencia, se llevaron a cabo los procedimientos de separación pero no se les dio la oportunidad de ser escuchados, explicó Bucio Ibarra.
Y continuó; “Los exámenes de control y confianza no se les dieron a conocer”, es decir solo les informaron que no lo había acreditado pero nunca las razones por las cuales no aprobaron.
Inclusive, dijo el magistrado las leyes para defender a los policías han evolucionado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto casos “hasta contradictorios” que finalmente abonan a la protección de los policías, “cuando antes poco o nada los protegía a ahora tiene protecciones muy amplias”.