Este viernes la LXXV Legislatura del Congreso del Estado concreta la inhabilitación del exauditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda
Con 25 votos a favor y nueve en contra, este viernes la LXXV Legislatura del Congreso del Estado concretó lo que era un tema ya previsto: la inhabilitación del exauditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda determinando que quedaban confirmados los argumentos del juicio político esgrimidos por la contralora del estado, Azucena Marín Correa.
En lo que fue una ruta teñida de irregularidades en su procedimiento de inicio a fin, la sesión Legislativa por la que el Congreso se erigió como Jurado de Sentencia para dar trámite al dictamen elaborado por la Comisión Jurisdiccional a partir del juicio político promovido de inicio por Azucena Marín Correa en su calidad de contralora del Estado, aunque en el dictamen se le corrigió la plana poniéndola como ciudadana por ser éstos los únicos facultados a presentar este tipo de juicios.
Miguel Ángel Aguirre o su representante legal no hicieron acto de presencia durante la sesión Legislativa, sin que quedara claro si fue notificado al respecto.
La coordinadora parlamentaria del PRD, Julieta Gallardo Mora requirió al presidente de la Comisión Jurisdiccional, César Palafox Quintero copia de la referida notificación por lo que él le hizo llegar una que se giró el 22 de mayo de 2023, es decir hace más de dos meses, cuando se presentó la denuncia de juicio político y el proceso apenas iba iniciar, sin que se conociera aun legalmente el sentido de la decisión a tomar y sin que existiera fecha definida para la sesión que finalmente se celebró este viernes.
Tal hecho fue expuesto durante la sesión por Julieta Gallardo Mora, y ahí César Palafox cambiaría la versión, asegurando que había sido la presidencia de la Mesa Directiva la que había notificado a Miguel Ángel Aguirre, sin embargo, la presidenta de la Cámara no exhibió tal documento y sólo refirió que se le haría llegar a la legisladora.
Posteriormente en entrevista Palafox reiteró que la notificación del 22 de mayo era válida y fuera de asegurar que todo se apegaba a la legalidad, no logró articular ningún argumento que sustentara su dicho.
Lo mismo ocurrió cuando hizo uso de la tribuna legislativa como está previsto por mandato de ley en estos casos, ya que la Comisión Jurisdiccional que preside funge en los juicios políticos que proceden como órgano de acusación. Ahí con dificultades para leer correctamente el escrito que llevaba preparado, hizo una exposición que resultó más una precaria síntesis del dictamen elaborado.
“Durante los últimos meses la Comisión ha trabajado arduamente y de manera imparcial sobre el juicio político 001-2023 siguiendo los términos y plazos que vienen establecidos en las leyes correspondientes”, aseguró. En la parte final de su intervención agregó sobre el actuar atribuido a Aguirre Abellaneda: “es necesaria una reprimenda ejemplar de dichos actos, señalándose dentro del dictamen la sanción de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público por el término de diez años”.
Azucena Marín Correa también hizo uso de la palabra en tribuna, en donde en menos de cinco minutos agradeció a la Comisión Jurisdiccional su trabajo y aseguró que la información presentada y la integrada en la denuncia “es producto de una investigación minuciosa y que deriva a su vez de procedimientos administrativos de responsabilidades y de denuncias penales bajo diversas carpetas de investigación presentadas ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción”.
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Conforme lo marca la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, la sesión fue privada al momento del debate entre los diputados y la votación. La norma establece que sólo los legisladores pueden estar presentes en ese momento, no obstante, un notario que acompañaba a la contralora rechazó desalojar el recinto y permaneció en él.
Al final con la votación de diputados de Morena, PT, PVEM, PAN y Representación Parlamentaria, se aprobaría el dictamen y la inhabilitación de Aguirre Abellaneda, en tanto que en contra fueron nueve votos de diputados del PRI, PRD y PES.