Morelia, Michoacán.-En respuesta a la armonización del Sistema Estatal Anticorrupción, el Congreso del Estado procedió a establecer reformas tanto en la Ley de Fiscalización, como en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Código de Justicia Administrativa. No obstante, aún no se definen los mecanismos sancionatorios con que se pretenden erradicar los vicios de corruptela en la función pública.
Las reformas aplicadas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, van encaminadas a generar nuevas funciones sancionatorias para la Secretaría de Contraloría; mientras que en el caso de la Ley de Fiscalización, se impulsará, de manera más efectiva, la intervención de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
A la par, al interior de la ASM se conformará un órgano vigilante integrado por seis ciudadanos y dos legisladores, quienes, en su conjunto, velarán por regular el actuar de quienes se desempeñan en la función pública.
De encontrar alguna irregularidad de gravedad, el caso se turnará al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia que de contar con tres magistrados, pasará a tener cinco. Ello, en respuesta a las modificaciones sobre el Código de Justicia Administrativa.
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Tribunal de Justicia Administrativa, sin dientes
Se habla de pendientes en la armonización del Sistema Estatal Anticorrupción, debido a que al reformar el Código de Justicia Administrativa, el Congreso omitió facultar al Tribunal de Justicia Administrativa para tener injerencia en las observaciones que lleguen a generarse desde la Auditoría Superior de Michoacán.
Al menos así lo explicó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel López Meléndez, quien reconoció que previo a dar luz verde a las adecuaciones aplicadas sobre el Código de Justicia Administrativa, se debió contemplar el aspecto previamente referido.
“Hay algunos pendientes que nosotros hemos estado proponiendo, que inclusive propusimos en la mesa técnica de gobernación, como el tema de la reforma del artículo 95, para que el tribunal administrativo pueda saber directamente los temas que traiga la Auditoría Superior de Michoacán, y pueda ella tener injerencia en todos esos asuntos”, declaró.
¿Y la erradicación del fuero?
Otro de los pendientes, a juicio del diputado por Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, va enfocado a la erradicación del fuero constitucional, a fin de que todos los servidores públicos locales enfrenten la justicia, cuando vulneren o transgredan algún ordenamiento jurídico, en igualdad de condiciones que la ciudadanía.
La opinión insistente del legislador naranja radica en que pese a las normativas sancionatorias que se generarán a partir de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, el fuero constitucional podría mermar el accionar de las instancias que estarán encargadas de regular el actuar de quienes se desempeñan en la función pública.
Bajo estos argumentos, Daniel Moncada resaltó la necesidad de que este tema se ponga sobre la mesa, previo a pensar en la armonización general del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual se implementaría a principios de 2018.
PAN y PRI celebran bondades del Sistema Estatal Anticorrupción
Desde las bancadas de Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) se celebró el hecho de que el Sistema Estatal Anticorrupción continúe caminando, ante la ola de corruptela que ha azotado a las finanzas del estado.
Y es que a partir de que se defina el esquema que acompañará al Sistema Estatal Anticorrupción, todo funcionario que resulte implicado en actos de corrupción podría ser sancionado hasta con 20 años de cárcel.
Debido a esta condición, panistas y priístas celebraron el hecho de que se vayan a impulsar sanciones más severas, en contra de aquellos funcionarios que incidan en irregularidades administrativas valiéndose de sus respectivos cargos.
Ante este escenario, este miércoles el Congreso del Estado avaló la aplicación de reformas tanto en la Ley de Fiscalización, como en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Código de Justicia Administrativa. Con ello, se comienza a definir el terreno en que operará el Sistema Estatal Anticorrupción.