El mandatario ha instruido que a las quejosas las atienda un tercero. Mientras que autoridades del municipio de Morelia las ignoran
Morelia, Michoacán.- El Comité, que está resistiendo la construcción de un gasoducto subterráneo en la zona sur de Morelia, envió una solicitud de audiencia al Gobernador el 24 de agosto, por lo que se prevé que las integrantes del Comité No Al Gasoducto sean atendidas por el Estado, ante la falta de atención por parte del gobierno municipal capitalino, sin embargo no les han dado ni fecha, ni hora.
En la solicitud, se argumenta que el bloqueo vecinal mantenido desde el 2 de mayo de este año, se debe al alto riesgo que representa la obra, ya que se llevaría a cabo sobre tres de las 16 fallas geológicas identificadas en Morelia.
Además, las quejosas acusan a la constructora Gas Natural del Noroeste, encargada de la obra, de iniciar nuevamente la instalación de tuberías sin los permisos adecuados, un problema que ha sido motivo de protestas en otras partes del país, como Sonora y Veracruz.
El comité presidido por Eva Barriga Reyes, también señala que han intentado comunicarse en varias ocasiones con el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sin obtener respuesta, lo que las hace sentirse ignoradas.
Según documentos proporcionados por la presidenta del comité, Barriga Reyes, el Gobernador Alfredo Ramírez solicitó al secretario de Gobierno del Estado que instruyera a un tercero para concederles la audiencia, sin especificar fecha, hora o lugar. Esta falta de detalles ha generado incertidumbre en el comité.
A pesar de los desafíos anteriores en su lucha contra el gasoducto, la organización “No Al Gasoducto” sigue comprometida con su bloqueo y exige la retirada de las tuberías ya instaladas, la restauración de las vialidades afectadas y garantías de que la obra no se llevará a cabo en la zona habitacional.
El conflicto se agrava aún más debido a la renuncia del Gobierno de Morelia a su facultad para otorgar o rechazar permisos de construcción en la ciudad, asumiendo un papel de intermediario en el conflicto entre particulares, lo que ha sido objeto de críticas por parte del comité.