Comisión Europea impone derechos compensatorios a VEB chinos

La Comisión Europea establece derechos compensatorios provisionales para los vehículos eléctricos de batería (VEB) chinos.

La Comisión Europea ha determinado que la industria de los vehículos eléctricos de batería (VEB) de China se ve favorecida por subvenciones desleales, perjudicando así a los fabricantes europeos de VEB. En tanto se desarrollan más investigaciones sobre las subvenciones chinas, se han impuesto derechos compensatorios provisionales a las importaciones de estos vehículos.

En conversaciones recientes entre Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo, y Wang Wentao, ministro de Comercio chino, se continúa buscando una solución ajustada a las normativas de la Organización Mundial de Comercio que satisfaga las demandas de la Unión Europea.

Mientras tanto, desde el 5 de julio de 2024, se aplicarán derechos provisionales por un máximo de cuatro meses, tras los cuales los estados miembros de la UE decidirán sobre la imposición de derechos definitivos por cinco años.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inició esta investigación antisubvenciones en octubre de 2023 frente al rápido incremento de las exportaciones de VEB económicos desde China hacia Europa. Se espera que esta investigación culmine en 13 meses desde su inicio, y las medidas definitivas basadas en sus resultados se aplicarán a más tardar cuatro meses después de los derechos provisionales.

Posteriormente, los países de la UE votarán sobre las medidas provisionales dentro de catorce días después de su anuncio. Además, las partes interesadas tendrán cinco días para solicitar una audiencia y presentar sus observaciones. Tras evaluar estas, la Comisión Europea propondrá medidas definitivas.

Finalmente, una vez que la Comisión Europea tome una decisión final, los países miembros votarán para implementar las medidas durante los próximos cinco años. Las empresas chinas fuera de la muestra final podrán solicitar una revisión de su situación para asegurarse de que cumplen con el reglamento antisubvenciones, con un plazo de nueve meses para su resolución tras la solicitud.