Cimtra se suma a otras organizaciones como IMCO, que también hace estudios y evaluaciones en los congresos locales de México
Morelia, Michoacán.- El uso de recursos públicos, si hay mecanismos de interacción con la sociedad y transparencia y que se entienda y aplique el concepto de gobierno abierto, son parte de los indicadores que se tomarán en cuenta para evaluar al Congreso de Michoacán, que por primera vez será examinado por la asociación Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra).
A decir de Ricardo Joel Jiménez González, coordinador nacional de Cimtra, esta será la primera vez que se evalúe al Congreso de Michoacán y para ello, se respaldarán con la sociedad civil, a fin de que se demuestre que a partir de ejercicios completos, metodologías y estrategias ciudadanas, hay organismos que vigilan el actuar en este caso, de la LXXIV Legislatura.
“Se trata de una herramienta integral, en buena medida abarca todos los elementos de la vida interna del Legislativo, cómo está integrado, cómo funciona (…) tendremos una fotografía general. Posteriormente se dará seguimiento a partir de una agenda que se derive de esta evaluación y un acompañamiento”, explicó.
Para Jiménez González, el ejercicio pretende reflejar qué tanta es la interacción del Poder Legislativo con la sociedad, así como la rendición de cuentas y transparencia que maneja; “de lo contrario se entra en una lógica de simulación (…) hacemos como que trabajamos. Y se ha demostrado que si no hay participación ciudadana en estas instancias, no se verán cambios”.
En ese tenor y después de haber revisado el portal de internet del Legislativo de Michoacán, refirió que es un “malestar” nacional el hecho de que la mayoría de las paginas de internet de casi todos los entes públicos son muy planas. “Es como si no hubiera vida legislativa, son páginas en las que se sube información sin ninguna lógica y se tiene que cambiar eso, para dinamizarlas y encontrar nuevas formas de vinculación con la ciudadanía”.
Importante es mencionar que Cimtra se suma al trabajo de evaluación que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que en su último informe publicado al respecto del Poder Legislativo, lo posiciona como el tercero más costoso del país con un presupuesto superior a los 900 millones de pesos, solo después de la Ciudad de México y el Estado de México.