Ciudad de México.- El ejercicio de la función pública debe apegarse a la legalidad, los servidores públicos deben ceñirse a los principios que las normas generales y estatales demarcan; en ese sentido, Jaime Arturo Vázquez Aguilar señaló que es positivo que el Gobierno del Estado se haya reunido con autoridades de la federación para abordar el tema de los alcances y límites de las atribuciones del estado, a fin de retomar el camino de la legalidad en la protección del medio ambiente.
Cabe destacar que Vázquez Aguilar, fue afectado por los operativos que llevó acabo la autoridad ambiental del Estado de Michoacán. El ex diputado federal, la semana pasada ofreció una conferencia de prensa en Morelia, en la que señaló a la autoridad ambiental del estado como responsable de los daños causados a su huerta de aguacate por los operativos desplegados.
Hace unos días, la PROFEPA dio a conocer a través de un boletín que la autoridad ambiental en Michoacán invadió y asumió competencias de diferentes instancias federales. El organismo encargado del cuidado y preservación del medio ambiente en todo el país, dejó claro que el combate a la delincuencia no puede ejecutarse con actos que violentan la norma jurídica y que constituyen delitos cometidos por servidores públicos.
Asimismo, agregó que “Las actuaciones de la autoridad del estado de Michoacán, relativas a inspecciones en materia forestal, se realizan fuera de sus atribuciones y de la competencia que la legislación forestal general prevé”.
También manifestó que “En México el Estado de Derecho debe defenderse con ejemplo de legalidad en la actuación de las autoridades estatales. Lo contrario, deslegitima y daña la imagen de las instituciones que componen el edificio jurídico del país”.
De igual manera enfatizó que “La Comisión Forestal del Estado de Michoacán ha realizado en días pasados, inspecciones en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, atribución de la cual carece de competencia”.
De esta manera, Vázquez Aguilar reiteró la importancia de generar certeza jurídica entre los distintos órdenes de gobierno y de los productores del campo, para continuar con la protección del medio ambiente en un marco de apego al Estado de derecho.