La diputada de Morena en Jalisco propone cárcel por cantar narcocorridos, buscando frenar la apología del crimen en la música.
La diputada local de Morena en Jalisco, Brenda Carrera, propone aumentar las penas para quienes interpreten o reproduzcan narcocorridos en el estado, con sanciones que podrían alcanzar hasta cuatro años de cárcel, según anunció en una conferencia de prensa este jueves.
Durante su intervención ante los medios, Carrera sugirió imponer penas de dos a cuatro años de cárcel a los conciertos o espectáculos donde se escuchen narcocorridos.
Asimismo, para su reproducción en lugares cerrados accesibles al público, las penas oscilarían entre uno y dos años.
“Lo que presentamos con la iniciativa que presentaré en la próxima sesión ordinaria del pleno es endurecer las penas y limitar su difusión, la prohibición de la manifestación musical del narcocorrido por grupos musicales en vivo o grabado en cualquier evento masivo ya sea en instalaciones públicas o privadas, así como la reproducción grabada en restaurantes, bares, cantinas”, explicó Carrera.
La diputada expresó su preocupación por la normalización de la violencia y la criminalidad que estas canciones promueven, al presentar a los narcotraficantes como héroes, lo que genera una percepción errónea entre los jóvenes.
Carrera también destacó el impacto psicológico y emocional que los narcocorridos tienen en los adolescentes, fomentando actitudes agresivas y afectando su percepción de la justicia y el orden social.
Apología del delito
Esta propuesta surge tras el controvertido concierto del grupo Los Alegres del Barranco en Uruapan, donde se proyectaron imágenes del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” acompañadas de música dedicada a él.
Como consecuencia, varios gobiernos municipales cancelaron las presentaciones programadas del grupo de música regional mexicana.
Jalisco no es el único estado en considerar la censura de los narcocorridos.
En febrero de este año, Nayarit prohibió este tipo de música que hace apología de la violencia y el crimen, aunque en este caso las sanciones se limitan a la suspensión temporal o definitiva de eventos públicos y la revocación de permisos a los establecimientos.