El síndico municipal y regidores del Ayuntamiento de Gabriel Zamora presentaron un juicio político contra el presidente municipal Francisco Villanueva, por una serie de irregularidades al frente de la administración pública municipal por el presunto desvío de fondos para obras, pagos de proveedores y gasto corriente sin que se tenga información comprobatoria, documental o cotejada.
Dicha solicitud de juicio político se presentó ya al Congreso de Michoacán que se subirá al Pleno en la sesión de este jueves con la intención de que la comisión jurisdiccional inicie el proceso para que la LXXIII Legislatura se convierta en el “Gran Jurado”.
Entre las evidencias que se presentaron por los integrantes del Cabildo para iniciar con el trámite de la solicitud de juicio político son: Copia certificada en la que se pide que entregue sobre la sesión del 4 de septiembre del año pasado dentro de los trámites administrativos pero dichas actas no han llegado desde junio que se volvieron a solicitar al presidente municipal Francisco Villanueva.
Se ha solicitado un informe detallado del proceso entrega-recepción sin que se entregue a la fecha al Cabildo para saber el estado que guarda la administración municipal a la fecha.
Además, los regidores expusieron que se ha solicitado que se informe de las adquisiciones, enajenaciones, licitaciones y asignaciones a proveedores y contratistas de obras y servicios que se han hecho del 1 de septiembre a la fecha, porque a la fecha no se informa de nada ni se ha pedido autorización para aprobar el plan de obra de este año.
Incluso, las autoridades municipales declaran que se ha negado el alcalde a crear el comité municipal de obra entre los secretarios y funcionarios de las dependencias del gobierno municipal con el Cabildo, toda vez que se solicitó la información de la integración de dicho comité desde el pasado 22 de septiembre, sin tener respuesta.
Los regidores prevén que se les ha negado la información de la separación del cargo con licencia de los profesores Juan Ayala Pérez, Yael Mendoza, Omero Romero Santacruz, Saulo Lucatero Aguirre, y José Antonio Alonso Palacios, quienes fungen como servidores públicos en puestos de primer nivel, pero que no han presentado su oficio de la parte patronal de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) para ausentarse sin goce de sueldo.
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