Cabildo de Morelia votó en contra de la reforma judicial; edil acusa presiones
Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia. Foto: Ayuntamiento de Morelia.

El Cabildo de Morelia rechaza la reforma judicial, argumentando presiones y falta de representatividad.

Morelia, Michoacán.-Con los votos de Morena y PVEM en contra, este martes el Cabildo de Morelia votó en contra de la reforma al poder judicial, aprobada el pasado 24 de octubre por el Congreso de Michoacán y publicada en el decreto 03.

En sesión pública, Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, calificó la reforma como un acto que no representa la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, asegurando que el respaldo para su aprobación se obtuvo bajo presión.

“Es falso que juntaron los votos porque tienen el respaldo de la mayoría de los mexicanos para esa reforma. Con toda la presión y el poder del estado, lograron los votos necesarios en el Senado porque tres senadores no estaban de acuerdo”, declaró Martínez.

Según el alcalde, estos legisladores habrían sido elegidos por ciudadanos que rechazan la política de esta reforma.

También señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se alineó bajo el poder estatal para desestimar la controversia constitucional planteada contra la reforma, lo cual, según él, augura un riesgo de pérdida de independencia del sistema judicial en el país.

“La verdadera intención está en la lista de jueces y magistrados que presentarán ante los mexicanos para elegir. El poder de decisión sigue en sus manos, porque solo se elegirá entre sus candidatos”, enfatizó el edil.

Al cierre de su discurso, Martínez advirtió sobre el incremento de la violencia en el estado y los retos para quienes defienden la reforma en zonas afectadas.

“Con todo el poder están comprando la justicia, pero quiero verlos hacer campaña en Michoacán, en un contexto donde la violencia está generalizada”, concluyó.

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No obstante la negativa de la comuna Morelia, este mismo martes la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán aprobó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma judicial.