Descubre cómo las reformas del Poder Judicial afecta el retiro anticipado de jueces. Los docentes de la UMSNH enfrentan represalias y, el despotismo laboral bajo de Azucena Marín Correa
Autoahorcados
En Michoacán, la premura de obtener la estrellita como el primer estado en aprobar las reformas constitucionales en torno al Poder Judicial estatal –para dar cumplimiento al mandato de la reforma federal- ha puesto con la soga al cuello a los tres poderes del Estado.
Uno de los puntos espinosos del tema radica en el dinero, concretamente en el Programa de Retiro Anticipado para Juezas y Jueces del Poder Judicial del Estado y los lineamientos que habrán de emitirse para cubrir el nuevo plan de pensiones para los juzgadores que no deseen participar en la elección extraordinaria y optarán por retirarse del cargo que venían ocupando.
En su apuro por el reconocimiento federal, el Ejecutivo previó en la reforma -que posteriormente fue aprobada por el Legislativo-, un plazo de al menos 15 días de anticipación a la fecha de la emisión de la Convocatoria para la elección extraordinaria, el cual venció el pasado 29 de noviembre, día en que el Congreso lo aprobó. El problema es que su contenido está cargado de generalidades y no permite claridad a los jueces y magistrados para tomar la decisión de permanecer o separarse de sus cargos.
La situación se complica debido a que para elaborar la Convocatoria, el Congreso del estado debe conocer de manera previa el listado de qué espacios están o quedarán vacantes por el retiro anticipado de los juzgadores. El Poder Legislativo está obligado a emitir la Convocatoria a más tardar el 13 de diciembre próximo.
El hecho es que no hay acuerdo entre el Ejecutivo y el Judicial sobre las condiciones económicas para dicho retiro, en donde el primero estaría previendo restringirlas para recortar el gasto que implican.
La intención sería tropicalizar para Michoacán lo establecido en lo federal, evitando el blindaje que se concretó para jueces y magistrados federales, es decir, abaratar los costos del futuro de los juzgadores estatales que decidan retirarse.
A nivel federal las decisiones para el retiro ampliaron el catálogo de pensiones a las que podrán acceder los juzgadores, con la posibilidad intacta de que a partir de los 65 años de edad se retiren con el 80 por ciento de su salario, en tanto que, la pensión complementaria por jubilación anticipada se determina conforme a los años mínimos de edad que dispone la ley del ISSSTE para las pensiones por jubilación, por edad y tiempo de servicios, por cesantía en edad avanzada o por vejez.
Aunque el Legislativo se lavó las manos del tema aprobando el Programa de Retiro Anticipado, a falta de claridad y especificidad en éste, compromete los tiempos con que cuenta para conocer los espacios vacantes que precisa para la emisión de la Convocatoria.
Cacería de brujas
Los docentes que se movilizaron y alzaron su voz en torno a la reforma constitucional sobre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que aprobó el Congreso el pasado 28 de noviembre, bien pronto empezaron a sentir las represarías desde Rectoría por haber manifestado su opinión.
Una estrategia de desprestigio se ha puesto en marcha contra ellos, y de las primeras en sentirla en carne propia fue la catedrática, a quien ya le recriminan supuestas faltas cometidas durante el rectorado de Medardo Serna, cuando fungió como Coordinadora de la Investigación Científica.
Los docentes hablaron abiertamente ante diputados de la política de persecución que ha instrumentado la rectora Yarabí Ávila González en su gestión contra las voces críticas. Ahora nuevamente, se confirman sus señalamientos.
Y mientras la administración nicolaita se concentra en perseguir disidencias, opta por la opacidad en torno a la salida de Raúl Carrera Castillo, como abogado General de la UMSNH, de manera paralela a las reformas constitucionales que sobre la Máxima Casa de Estudios estaba concretando el Congreso.
Carrera –hombre cercano a la rectora– anunció su salida a través de redes sociales y desde otra entidad federativa, sin esperar a que la autoridad lo oficializara, demostrando una relación fracturada con la Rectoría.
Despotismo a ultranza
En la Secretaría de la Contraloría del estado, los trabajadores ya no aguantan a la titular Azucena Marín Correa por su despotismo y malos tratos, aunque con algunos empleados del género masculino su proceder es dulce y hasta carismático.
Para las empleadas la lógica es la mano dura, como ejemplo está el caso de una trabajadora a la que en horas de oficina le estalló una úlcera y pese a que estaba sangrando no le permitieron acudir al médico, por lo que tuvo que hacerlo a escondidas. La situación ha llegado a tal punto que las renuncias por hostigamiento laboral están a la orden del día.