Fantasmas en el clóset
En la cama de algunos integrantes de la LXXVI Legislatura que asumirán funciones el fin de semana, existen varios fantasmas que avizoran salir de su escondite y cobrar añejas facturas.
Tal es el caso de Juan Antonio Magaña de la Mora del Partido Verde, con quien tendría un “pollito” pendiente de comer desde 2014 su compañera de Legislatura, la morenista Itze Camacho Zapiain. La historia data de aquellos tiempos en que él era presidente del Poder Judicial del Estado, mientras que el padre de ella, Desiderio Camacho Garibo, fue detenido al ser acusado de presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El exmagistrado busca presidir la Mesa Directiva y la Comisión de Justicia del Congreso, sin embargo las dudas sobre su actuación sobre el caso Camacho auguran ruido para sus aspiraciones.
Sobre esa factura pendiente, corre la versión de que el proceso penal número 341/2014-II fue elaborado por consigna desde la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, oficina de la que el juez Tercero de lo Penal de Morelia habría salido el 31 de octubre de 2014 junto con su secretaria de acuerdos con la orden elaborada para iniciar acciones contra el exsecretario de Obras Públicas del gobierno de Leonel Godoy Rangel.
Ese mismo día el juez, habría informado en lo verbal a la familia de Desiderio que la fianza para que éste llevara el proceso en libertad sería de 12.2 millones de pesos, cifra que modificaría a las pocas horas para elevarla a 36.8 millones tras una llamada que habría recibido del presidente del Poder Judicial bajo la instrucción de que “no salga”, según comentó entonces a los familiares.
La historia continúa y según las versiones, el presidente del Poder Judicial habría establecido contacto personal con numerosos jueces en el estado, a fin de darles instrucciones sobre su proceder, particularmente, ordenándoles dictados de órdenes de aprehensión y autos de formal prisión por consigna, y aquellos que no acataban la instrucción habrían vivido represalias.
Incluso circulan ya las copias de un oficio turnado en noviembre de 2014 al presidente del Poder Judicial por parte del juez sexto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, informándole que fue “levantado” -el día siete de ese mes y año- de su oficina por elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado pretendiéndolo involucrar en un secuestro ocurrido en la Ciudad de México, sin mostrarle documentación alguna sobre el presunto hecho. Finalmente fue liberado ese mismo día.
De acuerdo con las versiones, el presidente del Poder Judicial citó días después a jueces tradicionales del estado, penales y mixtos, y los habría instruido para que se atendieran las indicaciones de Alfredo Castillo Cervantes, entonces comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, en el sentido de dictar órdenes de aprehensión para todos los asuntos remitidos por la Procuraduría del Estado, y que de lo contrario, les pasaría lo mismo que al sexto.
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Cuando en diciembre de 2015 se realizó el trámite de libertad provisional bajo caución ante el entonces juez tercero penal, en el caso Desiderio, el juez habría referido al abogado defensor que buscaran en el gobierno a alguien que le pidiera el favor al presidente del Poder Judicial, lo cual no ocurrió. Hecho similar ocurriría en 2019 previo dictarse la sentencia en ese asunto.
De todos estos hechos el Congreso del Estado habría tenido copias de documentos y escritos turnados en diferentes momentos por familiares de Desiderio, entre ellos su hija Itze.
Alcaldías acéfalas
El caso de Cotija no sería el único en Michoacán en donde alcaldes no estarían ejerciendo funciones frente a las amenazas recibidas por la delincuencia organizada. La situación se mantiene en total sigilo y ahora se sabe de ella por los señalamientos del dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo.
Frente a las condiciones que privan en Michoacán, es previsible sucedan nuevas tragedias en torno a la integridad de munícipes o funcionarios municipales.