Morelia, Michoacán.- Entre la planta de trabajadores del Congreso del Estado, existe profunda preocupación sobre los despidos que ha venido instrumentando la Junta de Coordinación Política, máxime porque ya circula la versión de que los diputados insistirán en obtener los espacios de 300 empleados.
Dichas versiones encuentran eco a partir de la postura asumida por esta Legislatura hacia el personal.
Ya en julio del año pasado quienes integraban la Junta de Coordinación Política decidieron despedir a 311 trabajadores de un jalón, sin embargo, debido a la reacción generada entre los trabajadores y el Sindicato, así como a las críticas suscitadas en la opinión pública, las apetencias de los diputados tuvieron que esperar para que el bocado se enfriara y no les quemara tanto.
Pero el hambre no se les quitó, y ahora insisten en saciarla vendiendo la idea de que sus mordidas son legítimas y las de sus antecesores ya no.
Ellos justifican que los despidos masivos de personal son para sanear la Cámara de todos los acomodados en pasadas Legislaturas. El problema para los diputados es su falta de credibilidad y este caso no es la excepción, pues existe la certeza de que sus determinaciones son sólo para acomodar a su propia gente.
La urgencia para los diputados crece en la medida en que se acerca el arranque del proceso electoral, pues quieren garantizar con los recursos públicos del Congreso, el pago de parte de sus estructuras para la contienda.
La voracidad evidenciada por los actuales diputados ha llegado a tal punto, que incluso desde el Sindicato se han manifestado sorprendidos por el “hambre” que muestran.
A principios de mes la Junta de Coordinación acordó despedir una nueva camada de 46 trabajadores, medida que se prevé se replique esta semana –para el día 15- con nuevos ceses, usando como medida de presión el pago quincenal.
Los despidos se prevé incluyan también a basificados como ya se intentó en 2022, sin importar que los afectados puedan irse a juicio contra el Congreso, ya que las resoluciones en estos casos suelen tardar, por lo que no tocará a los actuales diputados padecer los efectos de posibles fallos adversos.
Hasta con las Cocas carga
En los pasillos del Congreso es ampliamente comentado el dispendio de recursos que se da en la Unidad de Evaluación y Control, la que legalmente debiera encargarse de supervisar el buen funcionamiento de la Auditoría Superior de Michoacán.
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La precariedad productiva de la Unidad contrasta con el gusto por ejercer dinero público de su titular, la cual optó por oficinas en una zona de Camelinas, en Morelia, así como por amueblarlas suntuosamente, aunque no tenga por costumbre visitarlas para laborar.
Es vox pópuli entre diputados que quien encabeza la Unidad, cuando llega a presentarse a trabajar sale cargando incluso con las cocacolas, lo que sería un detalle menor frente a una impresora –cara- que habría pretendido emigrar a su domicilio particular.
Como suele suceder en todas las áreas del Congreso, los actuales diputados han empezado a despedir a personal de la Unidad para repartirse los espacios, sin tocar a su titular que es protegida y militante del Partido del Trabajo.
Incluso se habría elaborado una lista repartiéndose los espacios de la Unidad, la cual habría sido turnada por el coordinador parlamentario petista a la presidenta de la Comisión Inspectora para que ésta la firmara, lo cual no ocurrió.
Por ley la Unidad está bajo la supervisión de la Comisión Inspectora, y los cargos en ella deben ser por ésta autorizados. El problema es que al momento de la repartición, algunos coordinadores parlamentarios lo obviaron y pretendieron cargar la responsabilidad a la presidenta de la Comisión Inspectora con su firma a cambio de un espacio, situación que se les cebó.
Como para la repartición de espacios, y para acceder a los recursos públicos los diputados tienen una inquebrantable voluntad –de la que carecen para legislar-, el tema no se agotó en la negativa de la Comisión Inspectora, y ya se habrían encontrado nuevas vías para poder concretar la medida.