En el Congreso del Estado se avecina un escándalo de proporciones mayúsculas, del que los diputados no podrán hacerse ojo de hormiga como suele suceder cuando hay actos de corrupción al interior de la Cámara.
La posibilidad de que los diputados actúen al respecto puede ser alta, debido a que hasta el momento no se sabe si hay alguno de ellos involucrado o si sólo se trata de personal de personal legislativo. Aunque reza el dicho que cuando el río suena es porque agua lleva.
No bien tuvieron vigencia los contenidos de las Leyes de Ingresos Municipales aprobadas por el Congreso para este 2023, cuando los ciudadanos de algunos municipios empezaron a notar incrementos estratosféricos en el cobro del predial y agua, hasta de un 700 por ciento.
El detalle es que, en ninguna de las Leyes de Ingresos Municipales dictaminadas por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, o bien aprobadas por el Pleno, se dio luz verde a alzas de tal magnitud.
Algunos diputados se dieron cuenta de lo ocurrido, porque habitantes de Copándaro se apersonaron en Palacio Legislativo para reclamar los desproporcionados costos.
La explicación apunta hacia la Secretaría de Servicios Parlamentarios que encabeza Raymundo Arreola, y que es la encargada de turnar al Periódico Oficial del Estado los decretos que se aprueban por el Congreso para su publicación.
Pues bien, es ahí, en la Secretaría de Servicios Parlamentarios donde algún acomedido –o varios-, a cambio de una módica suma de los alcaldes, estarían modificando los decretos aprobados, inflando algunos costos de manera que se publiquen así en el Periódico Oficial.
Habrá que ver si los diputados le entran o no a revisar el asunto, si hay omisión, siempre cabrá la posibilidad de imaginar que no sólo las manos de empleados están involucradas en el caso.
¿El tiro por la culata a Yarabí?
El tiro por la culata le podría salir a la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMNSH), Yarabí Ávila González, al abrirle la puerta grande a la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), que se ha mantenido “tranquilita” desde que en el año 2016 y luego de una toma de más de 2 meses, 6 alumnos quienes fueron identificados como incitadores de violencia, fueron expulsados, y pese a las recomendaciones del Ejecutivo y Legislativo, la Universidad Michoacana hizo valer su autonomía y se mantuvo firme en la decisión de expulsión.
Yarabí Ávila, quien en sus primeros días de rectorado se ha manifestado de “puertas abiertas” y a la escucha de “todas” las voces de la comunidad universitaria, se reunió con la representación de la CUL, con la que tuvo un diálogo al respecto de los albergues estudiantiles, pero hay quienes no ven con buenos ojos que se haya priorizado un encuentro con los estudiantes de la CUL, sin haberse reunido antes con la totalidad de directivos y catedráticos para crear un plan de contención para la comunidad de alumnos de la Casa de Hidalgo, y es que consideran que la posibilidad de que la CUL, al ver debilidad en el nuevo rectorado, regresen a las “andadas” y desestabilicen la tranquilidad que a partir de 2017 se ha mantenido en la Universidad Michoacana.
Así como consideran un error la promesa de restituir a algunos y revisar los casos de otros trabajadores que fueron rescindidos por el anterior rectorado “con toda argumentación”, al recordar que a dichos trabajadores, se les ordenó regresar a sus áreas de trabajo -constituidas en sus contratos-, y dejar de estar comisionados al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), orden que no acataron y tras faltar en más de tres ocasiones al área de trabajo asignada en su plaza, fueron rescindidos.
La posibilidad de que trabajadores administrativos “se le suban” a la rectora está latente; Yarabí Ávila se muestra de puertas abiertas y le podría salir el tiro por la culata.
¿Alabar a la Fiscalía por caso Diego Urik?
Nada extraordinario hizo la Fiscalía General del Estado con relación al feminicidio perpetrado por Diego Urik Mañón Melgoza contra la joven Jessica González Villaseñor. Y nada fuera de lo normal significa que el Ministerio Público, en cuanto a su más elemental definición se refiere, es decir, “representante social”, es como debe ser su actuación: impecable, aportando toda la ciencia en la investigación del delito.
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El caso Diego Urik demostró que cuando la autoridad se lo propone y que desde la cabeza se observa que los mandos medios y, ante todo, los agentes de la primera línea, hagan bien su labor, las cosas deben conducir a lo que la técnica pericial indica, en busca de llegar a la verdad.
Lo mismo hay que decir del juez de la causa que dio la lectura acertada a lo que en fojas le fue presentado. Ni le quitó ni dio de más, interpretó y dio su veredicto conforme a lo que las partes presentaron.
Si justicia significa dar a cada quien lo que merece… en el caso Diego Urik… justicia se hizo.
No obstante, nada de ello se hubiera logrado, si la familia de Jessica no hubiera puesto el dedo sobre el renglón, y se hubiera mantenido firme exigiendo a la autoridad realizar su trabajo. Esperemos que, de ahora en adelante, la FGE cumpla con sus obligaciones y procure justicia a las víctimas de los feminicidios, y en general, de todos los michoacanos.