Buscan mayores candados para acotar conflicto de interés en magistrados ante Congreso
Morelia, Michoacana.- Acotar el conflicto de interés en magistrados, jueces y consejeros, mediante mayores candados en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Poder Judicial, es la intención de una reforma presentada ante el Congreso del Estado.
El asunto es promovido por el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista, Ernesto Núñez Aguilar quien busca que la norma establezca el impedimento tácito, dejando atrás la determinación personal para excusarse de los temas.
La reforma al artículo 157 de la referida norma establecería que los magistrados, jueces y consejeros estén impedidos para conocer y resolver asuntos –además de los ya previstos-, el haber sido Agente del Ministerio Público, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados; el haber tenido o tener interés sobre un asunto político que sea atribución del Poder Ejecutivo y/o Legislativo, por conflicto de interés; y cualquier análoga a las anteriores.
Para argumentar su propuesta Núñez trae a cuento lo ocurrido a nivel federal con la ministra Loretta Ortiz, quien como diputada federal de Morena-PT votó hace dos Legislaturas en contra de la reforma energética promovida entonces por Enrique Peña, y que ahora como ministra ha participado activamente en le proyecto promovido por Andrés Manuel López Obrador.
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“Hoy en su actual cargo como ministra de la SCJN ha contribuido a los esfuerzos que el actual presidente propone con su reforma eléctrica. Pues además de elaborar el proyecto de reforma de esta iniciativa, ha informado constantemente al mandatario los avances que este ha tenido y ajustando las deficiencias del proyecto para darle continuidad al mismo”.
Ernesto Núñez Aguilar, Cordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista
En ese sentido Núñez señala que la ministra no se ha excusado conocer de dichos temas al amparo de no estar previsto por Ley, tal situación –refiere- debe ser precedente de una actuación no contemplada en la norma, “como Estado, debemos advertir y proteger nuestros intereses en caso de la existencia de un asunto como este, en el que un servidor público o figura política tenga un interés en el asunto que un magistrado, juez o consejero pueda en un futuro resolver”.