Busca Congreso local de Michoacán política de censura a través de convenios publicitarios
Morelia, Michoacán.- En el Congreso del Estado de Michoacán se instrumenta una política de censura periodística indirecta a través de los convenios publicitarios con los medios de comunicación.
Frente a la cobertura informativa que se ha venido realizando sobre las irregularidades financieras al interior de la Cámara local, la falta de productividad, las disputas internas al interior del Congreso y el desaseo legislativo, la respuesta busca ser la censura y la opacidad.
El desaseo financiero se ha convertido en el sello particular de la actual Legislatura, en donde integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) buscan contrarrestar vía presión económica, la precaria imagen que se tiene sobre su desempeño.
Para ello el pasado 20 de febrero, integrantes de la Jucopo en reunión con el Comité de Comunicación Social y el aval de diputados de diferentes fracciones parlamentarias, habrían tomado la decisión de coartar el trabajo periodístico a través de los convenios de publicidad a quienes incurran en críticas e informaciones que les sean poco favorables.
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Entre los principales impulsores de la medida estaría el coordinador parlamentario y dirigente estatal del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, quien a lo largo de la LXXV Legislatura ha sido partícipe desde la Junta de Coordinación Política de determinaciones opacas y altamente cuestionadas en la opinión pública e incluso por sus compañeros diputados.
Al arribar a la coordinación parlamentaria de Morena, y a la presidencia de la Jucopo, Anbet Franco Carrizales optó por sumarse a la inercia de la opacidad y el comportamiento irregular que dicho órgano de Gobierno de la Cámara registraba con anterioridad.
A seis meses de ocupar la presidencia de la Jucopo la legisladora por Huetamo ha amasado cuestionamientos propios por su actuar, sin que hasta el momento contribuya a transparentar las irregularidades suscitadas en la Junta previas a su arribo, además de evidenciar un franco desconocimiento de los procesos legislativos o administrativos elementales.
Con un bajo perfil el coordinador parlamentario del PRI, Jesús Hernández Peña ha sido participe de las polémicas decisiones al interior de la Junta, en donde su voto ha sido decisivo en temas sobre los que incluso los integrantes de su bancada lo han cuestionado.
También a las polémicas determinaciones de la Junta, se ha sumado la lideresa de la bancada panista Mónica Lariza Pérez Campos, quien se encuentra en la tónica de la censura al trabajo periodístico vía convenios de publicidad.
Lo mismo ocurre con el petista Reyes Galindo Pedraza, quien ha sido participe de determinaciones de la Junta que aún hoy siguen motivando cuestionamientos por sus motivaciones de origen, tal es el caso de la operación de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de Michoacán que está bajo el control petista y ha evidenciado pobres resultados pese a la cantidad de recursos que se le destinan.
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“Castigo” y censura
En el informe “Comprando complacencia: Publicidad oficial y censura indirecta en México”, la World Association of Newspapers and News Publishers, en coordinación con el Centro de Análisis e Investigación Fundar, y la organización Artículo 19 consignan que en México, la asignación de la publicidad oficial es la herramienta más común para ejercer la censura indirecta y es una parte integral del complicado panorama mediático del país.
En su informe abordan los aspectos financieros de la censura oficial indirecta: presiones para influir en la cobertura de noticias y moldear el amplio panorama mediático o las líneas editoriales de medios de comunicación específicos o periodistas a través de una asignación sesgada y/o opaca de la publicidad gubernamental; de las subvenciones estatales y gubernamentales a los medios; y de otros instrumentos financieros similares.
Este tipo de censura retoma camino en el Poder Legislativo de Michoacán.
Para muestra sirva la experiencia vivida por este medio informativo, Contramuro, el cual fue notificado la semana pasada del cese de convenios de publicidad debido al trabajo periodístico de quien esto escribe.
El primero de febrero en el chat de whatsapp que tienen los 40 diputados, el diputado Ernesto Núñez compartió la información publicada ese día por Contramuro titulada: “Diputados continúan de vacaciones, no inician periodo de sesiones”, acompañada de un mensaje en donde el legislador verde abundaba: “De vd (sic) no entiendo cómo pagamos convenios para esto”.
La respuesta de la coordinadora parlamentaria de Morena, Anbet Franco fue inmediata: “Exacto”.
El reclamo fue secundado por la legisladora del Verde, Margarita López Pérez:
“Ya lo había comentado yo que a los que más se les paga son los que más pegan”, a lo que Ernesto Núñez se lamentó: “Si exacto magui! Es de vd lamentable”.
La coordinadora parlamentaria del PES, Luz María García se sumó agregando: “Así es debemos reconsiderar No creen??”.
La diputada Andrea Villanueva abundó:
“Ojalá el comité tome en cuenta estos detalles y otra es que se ponga a chambear el coordinador de comunicación ante estos comunicados”, “porque se supone que para eso está”.
La panista Mónica Lariza Pérez se sumó al planteamiento del Partido Verde y propuso:
“Pues reajustemos los convenios. No entiendo porque les damos $ para que nos peguen”, “Hagamos lo que corresponda!”.
El petista Reyes Galindo se sumaría a la propuesta con el emoticón de una mano a favor, al igual que la morenista Eréndira Isauro Hernández.
En su informe la World Association of Newspapers and News Publishers, Fundar y Artículo 19 subrayan que la censura indirecta y la influencia corrupta ejerce sin restricciones la publicidad oficial sobre los medios de comunicación en México, “estas prácticas afectan negativamente la calidad de los medios de comunicación, limitan la libertad de expresión, violan el derecho a la información pública, y sofocan el debate público que es esencial para la democracia”.
Destacan que la sociedad civil demanda una urgente y necesaria reforma para que se transparente y regule la publicidad oficial en México, regulación que –abundan- “debe ser un paso importante para la transformación de las relaciones entre los medios y el gobierno”.
Es por ello que en el Congreso del Estado de Michoacán se instrumenta una política de censura periodística indirecta a través de los convenios publicitarios con los medios de comunicación.