Es del dominio público que actualmente Brasil, la nación latinoamericana más grande de todas está atravesando una enorme crisis política; hace solo un par de días el congreso federal de ese país suspendió durante 180 días a su mandataria constitucional, Dilma Rousseff de su cargo, para comenzar el proceso de un juicio político que podría derivar en su salida definitiva de la presidencia.
Actualmente se acusa a la presidenta Rouseff de haber alterado las cuentas públicas federales para hacer que el déficit presupuestario señalase otros números que no eran reales, sin embargo hasta la fecha no se ha logrado justificar con pruebas concretas tal acusación.
Es importante señalar que este proceso de juicio político o impeachment, se genera después de acusaciones contra el ex presidente y mentor político de Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva sobre supuesto enriquecimiento ilícito. Ante estas acusaciones, la policía detuvo momentáneamente al ex presidente pero después por falta de pruebas tuvieron que dejarlo. Lula acusaba que se le estaba persiguiendo políticamente por sus declaraciones de considerar contender por la presidencia cuando Rousseff dejara el cargo en Diciembre del 2018, ante esto Roussefff le ofreció a Lula un puesto en su gabinete para protegerse en caso que trataran de detenerlo como la última vez.
A partir de ese momento el principal partido aliado de Rousseff, el PMDB, decidió rescindir la alianza con el gobierno de la mandataria y pasar al bando de la oposición, lo cual desencadenaría la aprobación fáctica del juicio político en la cámara de diputados y que después sería también aprobado en la cámara de senadores.
El congreso Federal tendrá poco menos de 180 días para demostrar frente al presidente del supremo tribunal federal pruebas que acrediten que Rousseff debe ser apartada permanentemente de la presidencia, por otro lado la mandataria tendrá el mismo tiempo para demostrar su inocencia y así hacer que eliminen su suspensión actual.
Pero sin lugar a dudas, el hecho más impactante de todo este asunto es que el actual presidente temporal y anterior vicepresidente, Michel Temer, ha nombrado un gabinete temporal cuyos miembros están precisamente señalados por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, lo cual evidencia tanto Temer como a su gabinete, pues la idea original del juicio político contra Rousseff era precisamente cuestiones que involucraban abuso de poder y tráfico de influencias.
Debido a esta acción del actual presidente temporal y de la propia oposición a Rousseff en el congreso federal, se ha sembrado la duda si el proceso de juicio político es en verdad un proceso judicial legitimado, o es meramente una estrategia inescrupulosa de parte de la oposición para poder conquistar lo que no pudieron en las elecciones pasadas, la presidencia; al mismo tiempo en caso que llegara a ser la segunda alternativa, la misma oposición ya estando consolidada en la presidencia ahora trataría de evitar que Lula pudiese postularse para un segundo tercer periodo presidencial y así tener asegurada la victoria en la futura elección del 2018.
Debe señalarse que éste no es el primer caso en los últimos diez años de un congreso que busca derrumbar al ejecutivo mediante el juicio político, aun cuando verdaderamente no existan razones legítimas para hacerlo; recordemos como Fernando Lugo fue depuesto de la presidencia de Paraguay mediante un juicio político que duró menos de 24 horas y donde ni siquiera tuvo oportunidad de presentar defensa alguna, evidentemente tal juicio político no hubiera sido posible sin la enorme influencia de una oposición inescrupulosa en el congreso que ganó en éste lo que no obtuvo en las urnas; o incluso también como lo fue el caso de Honduras, cuando el ex presidente Manuel Celaya intentó modificar la constitución para reelegirse, sin embargo la Corte Suprema de ese país no solo le negó esa disposición sino que de forma casi inmediata ordenó su destitución como presidente, decisión que hasta la fecha sigue causando polémica pues en prácticamente cualquier país democrático, la reelección únicamente habría sido vetada, más no depuesto el presidente mediante un golpe de Estado judicial.
En este contexto, el pueblo brasileño debe estar muy atento frente a esta grave crisis política, pues deben de identificar lo más pronto posible si efectivamente se está librando un proceso que tiene como objeto perseguir la corrupción en lo más alto del poder público o si es más bien, una artimaña que pretende hacer la oposición, particularmente los principales representantes de la oligarquía brasileña (grandes hacendados, la extrema derecha evangélica, así como los políticos y empresarios que apoyan la segregación social a las clases económicas más bajas.
Errar es inherente a la condición humana y los presidentes como cualquier ser humano son susceptibles de cometer errores, pero robar es sin duda un delito por cuya comisión deberá haber consecuencias. Si en verdad la presidenta Rousseff cometió un delito entonces deberá pagarlo dejando la presidencia, pero si sólo se trata de ganar en el Congreso lo que la oposición no ganó con votos, entonces la justicia deberá actuar en favor de ella, es decir, el máximo Tribunal brasileño deberá demostrar que por encima de intereses políticos de algunos de sus miembros, prevalece la independencia y la razón de la ley y la justicia.
Finalmente, hay que recordar que un sistema tan complejo como la democracia solo funcionará si los actores políticos y las instituciones respetan las reglas del juego.