Francisco Lemus | Twitter: @PacoJLemus
A ocho años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, las incógnitas siguen plagando todo el caso, las recientes declaraciones del comisionado que designó el actual gobierno federal, sólo echó abajo las conclusiones de sus predecesores, pero nada aclara de lo que en realidad pasó y muestra que es poco probable que los responsables vayan a rendir cuentas.
Tal vez al día de hoy, no hay trabajo más esclarecedor que el realizado por la periodista Anabel Hernández, en donde queda muy claro que el ejército tuvo responsabilidad; pero no un ejército monolítico y que trabaja en una sola dirección, sino un ejército desordenado, dividido en feudos, donde sus jefes de plaza responden a las órdenes del crimen organizado local.
Por eso ya no sorprende que entre los desaparecidos iba un militar infiltrado, a quien de poco le sirvió prestar sus servicios a la inteligencia del Estado, ya que acabó siendo una más de las víctimas de este atroz crimen.
De parte del gobierno la desorganización no es muy distinta, pero esto no excusa el hecho de que desde gobiernos previos se ha mantenido una actitud hostil hacia los estudiantes y que ninguna de las fuerzas del orden que estaba en la zona hicieron algo para evitar la tragedia, sino que, por el contrario, las mismas autoridades amedrentaron a los jóvenes que lograron escapar del ataque.
Es muy poco probable que el presidente haya dado la orden de desaparecer a los jóvenes, pero sí había toda una política de Estado encaminada a reprimirlos y amedrentarlos. Política que generó las condiciones para que 43 jóvenes simplemente desaparecieran sin que nadie -sobre todo en el gobierno- nadie hiciera nada.
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Lo preocupante es que pocas cosas han cambiado en el Estado y su estructura, sobre todo en la relación con el ejército, al cual, lejos de restársele poder, se le ha estado alimentando en aras de que el actual gobierno no se vaya a sentir amenazado por la institución y de paso asegurarle fortaleza a su proyecto.
La política está llena de secretos, cosas que nunca se sabrán cabalmente. Pero un gobierno y una fiscalía realmente comprometidos con la justicia y el conocimiento de la verdad mostraría más decisión y sobre todo más distancia con los responsables, cosa que se ve lejos de pasar, no sólo por la relación con el ejército, también por la relación con el expresidente Peña Nieto.
El actual gobierno no debería subestimar el impacto que el crimen de Estado tuvo para la quiebra del PRI y prácticamente de todo el sistema político más convencional de México en 2018. Morena capitalizó sus supuestas diferencias con el resto de los políticos, pero si no muestra un verdadero compromiso con la justicia en este tema, perderá una parte importante de su apoyo.
Así como el PRI en su mejor época confiaba tanto en su estructura que poco le importaban unos votos desperdigados y críticos por un lado y por otro, hoy Morena se muestra soberbia ante las críticas de quienes fueron sus votantes críticos, pero hasta el apoyo incondicional se agota cuando las dudas empiezan a ser tan prolíficas.
No sabemos que conclusiones tendrán las investigaciones de la comisión, es muy probable que no sabremos qué fue lo que en realidad pasó esa noche en Iguala Guerrero, al menos no desde las instituciones del Estado, y eso dejará una marca indeleble no sólo en el gobierno de Peña Nieto, también en sus sucesores.