La Unión Europea muestra avances en la independencia judicial, según el Eurobarómetro: conoce las mejoras y los retos pendientes
Europa.- El reciente informe sobre el estado de la justicia en la Unión Europea, correspondiente al primer semestre de 2024, refleja un avance en la percepción de la independencia judicial entre los ciudadanos de la UE y en naciones que previamente afrontaban desafíos estructurales.
Este primer reporte del año destaca datos sobre la facilidad de acceso a la justicia y evidencia un incremento en la independencia de las instituciones judiciales.
Desde su creación en 2013, el cuadro de indicadores de la justicia ha seguido de cerca las reformas judiciales en los países miembros y sirve como un indicador clave para la evaluación del estado de derecho en la UE. Este monitoreo se enfoca en evaluar la eficiencia, la calidad y la independencia de los sistemas judiciales.
Percepción de independencia judicial en la Unión Europea
Con base en una encuesta realizada a ciudadanos y empresas mediante el “Eurobarómetro” en 2024, se ha visto que desde 2016 la percepción sobre la independencia de la justicia se ha mantenido o incrementado en 19 estados de la UE.
El informe destaca que en 14 países, los fiscales son designados por consejos de fiscales independientes o por el ministerio público, lo que limita la influencia del Poder Ejecutivo en dichos nombramientos.
Casi todos los 12 países que seleccionan fiscales de esta forma están sujetos a un escrutinio judicial de sus decisiones y deben justificar públicamente cualquier rechazo de candidatos a fiscales. Además, en 20 estados, el poder ejecutivo o el parlamento pueden destituir al fiscal general, mientras que en 6 lo hace el consejo del Poder Judicial y en 16 existe la posibilidad de apelar dicha decisión.
El informe también señala que únicamente seis países aceptan pruebas digitales en litigios civiles, comerciales, administrativos y penales, lo que sugiere un área de mejora en la digitalización de los procedimientos judiciales. A pesar de que nueve estados permiten reclamaciones en línea, su uso se limita a situaciones específicas.
Finalmente, se observa un impulso en la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito judicial, y en 26 países se ofrece información sobre los derechos de víctimas o acusados, adecuada para menores. En 18 de los estados miembros, los procesos penales que involucran a niños se llevan a cabo con prioridad.