Morelia, Michoacán.- Las autoridades mexicanas no cuentan con un registro del número de detenciones que realizan, y mucho menos los motivos por los cuáles son detenidos, aseguró la Coordinadora de Incidencia en Políticas Publicas de Amnistía Internacional México, Chasel Colorado Piña.
La abogada de profesión señaló que Amnistía Internacional no genera como tal cifras o bases de datos, sino que trabajan con las oficiales porque las autoridades son quienes tienen la obligación de generar estos datos.
“Para nosotros la apuesta es que las autoridades tengan que empezar a operar lo antes posible los registros de personas detenidas y que estén interconectados los estatales con el registro nacional para que se pueda contar con el número de personas que se ven sujetas a una detención arbitraria”, dijo.
El informe “Falsas Sospechas; Detenciones arbitrarias por la Policía en México”, explica a grandes rasgos las características de una detención arbitraria y los
derechos de las personas imputadas pero que no maneja cifras.
“No hay forma de medir estadísticamente esta situación porque hay muchas personas que incluso no queda ningún registro de su paso por el sistema de justicia. Nunca queda un registro de que fueron detenidas, ni si quiera las personas cuyo proceso penal continúa para quienes tienen un auto de vinculación, pues quizá si haya forma de poder medirlos, pero actualmente, todas las otras personas que se ven sujetas a las detenciones arbitrarias pasan invisibilizadas por todo el sistema de justicia”, aseveró Chasel Colorado.
La integrante de Amnistía Internacional en México destacó que el estado de Michoacán no proporcionó información a la investigación de Amnistía Internacional, solo Jalisco y Veracruz presentaron información pero muy sesgada, y en Veracruz, la justificación fue que no podían presentar información por lo que detalló que este es el motivo por el que no hay cifras en dicho informe, además de que no se tuvo la colaboración de nadie en el país ni de las autoridades estatales para generar un registro ya que no se cuenta con los datos.
Colorado Piña manifestó que es importante que las fiscalías cuenten con personal capacitado en el tema de las personas desaparecidas para llevar a cabo y de manera adecuada las investigaciones.
“El gran obstáculo que se observa es en materia de la búsqueda de personas desaparecidas”, explicó.
Chasel Colorado dijo que el gran problema que hay en las recomendaciones de los defensores de los derechos humanos a las dependencias públicas es el cumplimiento de las mismas y que estás contemplen una reparación de los daños para las víctimas.
“Pocas veces se establecen medidas de reparación, por ejemplo, en las detenciones arbitrarias, los presentan ante los medios y luego no emiten una disculpa pública”, finalizó.