En Morelia se han incrementado los establecimientos o centros nocturnos en donde se tienen encuentros sexuales de forma voluntaria entre las personas o con fines de explotación o trata. En promedio existen un total de 218 negocios dedicados a recibir personas para que tengan relaciones sexuales y que son del conocimiento del Ayuntamiento moreliano, quien ha otorgado los permisos “clandestinamente”.
Lo anterior, afirmó Raúl Martínez, presidente del Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán, quien señaló que la clausura de dos supuestos cibercafés en el que era realmente prostíbulos son apenas una mínima parte de los negocios en que se pueden tener relaciones sexuales con consentimiento entre las partes o en el que se paga a un tercero por tener relaciones con una mujer o joven, lo cual eso es considerado el delito de trata de personas.
Entrevistado, el activista social de esta organización no gubernamental afirmó que el actual Ayuntamiento de Morelia tiene conocimiento de varios de los prostíbulos que se encuentran operando en la ciudad con su consentimiento, “solo que en este caso (de los dos cibercafés asegurados) tuvo una nota amarillista y un cargo de homofobia con el que está cargado el operativo donde la directora de Inspección y Vigilancia, Maricruz Ontiveros, afirmó que habían más de 100 personas y menores de edad, y trata de personas, pero me parece que es exagerado y saca su prejuicio”.
Martínez reveló que desde la pasada administración con Salvador Abud, se sabe de la existencia y operación de 218 establecimientos de giro similar, también se sabe de las actividades en zonas públicas o parques, donde se tienen relaciones entre desconocidos y por mutuo acuerdo. Incluso, confirmó que hay zonas VIP para tener encuentros sexuales en Morelia, que son frecuentados por políticos, diputados y funcionarios de todos los niveles de gobierno.
Ahora resulta que el ayuntamiento supuestamente quiere erradicar este fenómeno y esta práctica al presentarlo como un delito, cuando la propia autoridad municipal de este gobierno y de las pasadas administraciones les han dado una etiqueta de “clandestinos” y les otorgan permisos o licencias bajo otro giro para que puedan operar.
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