Morelia, Michoacán.-La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) no puede actuar con plena libertad, depende de intereses políticos provenientes del Congreso de Michoacán y los partidos que lo conforman, reconoció el gobernador Silvano Aureoles Conejo.
Con José Luis López Salgado, auditor de Michoacán, a un costado, el mandatario estatal no se limitó al criticar que éste no puede elegir “ni a su secretario particular”.
A consecuencia de esta situación, el perredista subrayó que no se ha podido transparentar con eficiencia el uso que se le da a los recursos públicos que circulan en Michoacán.
“No se pueden usar los recursos públicos para fines particulares o para beneficio personal de los servidores públicos. Por muchos años transitamos así, pero todavía en los estados es más difícil, porque las auditorias superiores de los estados quedan sujetas a las cuotas partidarias, a las cuotas de las fracciones parlamentarias, hay que decirlo con todas sus letras”, argumentó.
Durante la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, Aureoles Conejo enfatizó que el nivel de contaminación partidista en la ASM es tal, que incluso el personal que opera para el auditor pasa por el filtro del Congreso.
“A los auditores de Michoacán a veces no los dejan poner ni su secretario particular porque todo les ponen desde las comisiones o desde los grupos parlamentarios”.
Sin titubeos, subrayó que, “tenemos un auditor superior atado de manos y sujeto a las decisiones de carácter estrictamente partidario o de grupos o fracciones”.
Pretendiendo vacilar con los presentes en el evento celebrado en Casa de Gobierno, subrayó con cierto sarcasmo que, “no es el caso de nuestro auditor, él sí tiene plena autoridad en sus funciones”.
Defiende a auditor acusado de omiso
Lo contrastante en las declaraciones del gobernador recae en que pretendió defender a un auditor acusado de omiso, al no poder comprobar montos de hasta 450 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2014.
Incluso, el Centro Michoacano de Evaluación (Cemide) presentó una demanda de juicio político en su contra, resaltando la opacidad que ha existido en el funcionamiento de José Luis López Salgado.
Ello, debido a que a López Salgado se le atribuyen irregularidades como la no comprobación de 54 millones de pesos en un análisis fiscal de 2014.
La demanda se sustenta también en que el auditor omitió comprobar la ejecución de un crédito contratado con Banco Multiva, cuyo monto ascendió a los mil 340 millones de pesos.
El Cemide expuso que en la contratación de ese mismo crédito se omitieron precisar erogaciones por 38 millones 860 mil pesos.
Otra de las omisiones señaladas tuvo que ver con el pago de un millón 740 mil pesos por concepto de asesoría legal a la empresa Chadbourne & Parke S.C.
El mismo caso sucedió con las empresas Gaxiola, Galvo Sobrino y Asociados, y Cuasa Capital y Asociados, a las cuales por asesorías legales se les pagaron cuatro millones 141 mil pesos y nueve millones 326 mil pesos, respectivamente.
Una anomalía más se detectó en el depósito de 450 millones de pesos a una cuenta no identificada en el Banco del Bajío.
Sin embargo, Silvano Aureoles evidenció, más que omisión en la ASM, una considerable contaminación partidista en el organismo encargado de transparentar el uso que se le da a los recursos públicos en el estado.