El asesinato de un normalista en Michoacán ha generado indignación. El gobierno estatal permanece en silencio mientras organizaciones exigen justicia.
Morelia, Michoacán.- Pese a la gravedad del asesinato de Carlos Eduardo Castro Matías, estudiante de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío y originario de la comunidad purépecha de Pichátaro, el gobierno de Michoacán ha guardado absoluto silencio.
La omisión del gobierno estatal contrasta con la oleada de pronunciamientos de organizaciones sociales, indígenas, estudiantes y de derechos humanos que han alzado la voz para exigir justicia y denunciar la criminalización sistemática contra los normalistas.
En contraste, el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem) “Alzando Voces” crítica al estado y a los medios de comunicación por perpetuar estigmas contra los estudiantes rurales.
“Esta criminalización no es casual: es una herramienta de control y represión que se activa cada vez que los normalistas se organizan, protestan o exigen sus derechos. Los normalistas no son criminales. Son estudiantes, hijos, hermanos, soñadores, organizadores, y sobre todo: son parte viva de una lucha por un país más justo y digno”, señala su pronunciamiento publicado en redes sociales.
Además, denunciaron que “las narrativas oficiales y mediáticas que los acusan sin pruebas de actos violentos o nexos criminales, refuerzan prejuicios de clase y origen”.
Por su parte, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), a través de su vocero Pavel Ulianov Guzmán Macario, también se pronunció enérgicamente.
“Exigimos categóricamente al Estado mexicano verdad y justicia, el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables materiales e intelectuales por este cobarde crimen (…) No podemos continuar viviendo en un país donde la desaparición y la ejecución extrajudicial es una constante interminable”, expresó.
De igual forma, la ‘CNTE Rosa’ de la sección XVIII responsabilizó directamente a las autoridades estatales por la falta de resultados y exigió una investigación a fondo.
“Condenamos y exigimos al Gobierno del estado, la Fiscalía General del Estado (FGE) y también a la misma Secretaría de Educación en el Estado (SEE) esclarecer el asesinato del joven normalista”, indica su comunicado.
Y agrega: “Nos solidarizamos con la comunidad normalista, la comunidad de Pichátaro y con los padres del joven Carlos, hasta obtener justicia”.
La colectiva ‘Mujeres Purépecha’ subrayó que la violencia contra estudiantes como Carlos Eduardo es parte de una cadena sistemática que afecta a quienes resisten y se organizan.
“Este crimen no puede ser entendido como un hecho aislado. Forma parte de una cadena de violencias que se ejercen sistemáticamente contra quienes resisten”, expresan.
Exigieron una investigación “pronta, seria y sin encubrimientos”, así como el respeto a la integridad de los estudiantes normalistas, pues añaden que “la memoria no muere. La dignidad no se negocia”.
Mientras tanto, el gobierno de Michoacán permanece sin pronunciarse públicamente.
No ha habido conferencias, comunicados ni declaraciones oficiales que expliquen lo sucedido, informen sobre avances en la investigación o respondan a las exigencias de justicia de las organizaciones.
La ausencia de respuesta institucional se ha vuelto un signo ominoso que profundiza la desconfianza social y alimenta la indignación de quienes claman por verdad y justicia para Carlos Eduardo.