Un déficit de 4.3 mmdp, arrastra sector educativo en Michoacán rumbo a 2025, representando un desafío financiero significativo
El déficit en el sector educativo en Michoacán, que consume el 6 por ciento del presupuesto estatal anual, pone en riesgo la estabilidad financiera de la entidad, según el Centro Michoacano de Evaluación (Cemide).
En rueda de prensa, como cada para revelar el resultado de un análisis de la propuesta de presupuesto Estatal para 2025, Jesús Alva, integrante del Cemide, señaló que déficit equivale a 4 mil 300 millones de pesos que el estado debe cubrir con convenios federales anuales, sin garantías de continuidad.
El Déficit Educativo en Michoacán
Esto convierte al sector educativo en la mayor preocupación para las finanzas públicas locales.
El Cemide, también integrado por Arturo Herrera Cornejo, Enrique Bautista, y Emilio Álvarez, advirtió que, de los 98 mil 935 millones de pesos proyectados en el Presupuesto de Egresos 2025, el 49 por ciento se destina al sector educativo.
Sin embargo, señalaron que la calidad y el impacto de este gasto no están claros, ya que no existen mecanismos de evaluación que justifiquen el uso de casi la mitad de los recursos del estado en educación.
De acuerdo con Jesús Alva, el análisis del Cemide también reveló omisiones en la información financiera.
Por ejemplo, los compromisos por obras multianuales aprobados en 2023, que suman 7 mil millones de pesos, no están reflejados en la Cuenta Pública ni en el presupuesto 2025.
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Falta de transparencia
Señaló que esta falta de transparencia dificulta la evaluación de los riesgos asociados al gasto público. Otro factor de incertidumbre es la deuda estatal, que asciende a 23 nil millones de pesos.
Esta cifra, según el Cemide, no incluye los créditos aprobados recientemente ni las obligaciones por obra multianual, lo que complica el análisis de la sostenibilidad financiera del estado.
El Cemide instó al Congreso de Michoacán a exigir mayor claridad al Ejecutivo estatal para garantizar que los recursos se asignen de manera eficiente y se minimicen los riesgos financieros derivados del déficit educativo.