Uno de los problemas históricos de países como el nuestro, precisamente es la falta o el deficiente cumplimiento de las leyes por parte de sus autoridades y de sus habitantes
Toda nación que pretenda obtener grandes logros y alcanzar un desarrollo integral ocupa de ciudadanos comprometidos con el orden jurídico.
Uno de los problemas históricos de países como el nuestro, precisamente es la falta o el deficiente cumplimiento de las leyes por parte de sus autoridades y de sus habitantes.
Muchas personas tienen la falsa idea de obedecer el contenido de una norma jurídica sólo si se les amenaza de ser obligados mediante la fuerza.
El derecho, en sistemas jurídicos escritos preponderantemente como el nuestro, articula un discurso que busca generar las condiciones propicias para un mejor porvenir.
Entonces, es primordial generar una cultura de respeto a la Constitución y a las leyes.
Esta tarea no sólo debe ser responsabilidad de las escuelas y de los padres de familia.
Las autoridades tienen el deber de dar el ejemplo: de cuidar y aplicar las disposiciones legislativas.
Por tanto, se requiere que los servidores públicos tengan la formación debida en eficiencia normativa. Y no basta la capacitación.
Resulta indispensable que los trabajadores al servicio del Estado abracen la convicción de que el observar la ley es una causa que generará un impacto positivo para la comunidad.
En el caso de los habitantes de una nación, también ellos deben comprender los alcances del discurso del derecho: cumplir la ley redunda en beneficios palpables a su favor.
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Asimismo, la sociedad civil organizada y los medios de comunicación pueden y deben contribuir a fomentar la cultura de la constitucionalidad y de la legalidad.
Una Constitución refleja en su texto principios y valores universales tendientes a propiciar una convivencia civilizada y a impulsar el desarrollo de la dignidad de todas las personas. De igual modo, una Carta Magna recoge las aspiraciones más nobles y preciadas de los pueblos.
Como reflexionó alguna vez el jurista español Pablo Lucas Verdú: es necesario que se fomente la capacidad de simbolizar y de persuadir en la mete de las personas que es conveniente que el sistema jurídico sea respetado y obedecido.
En efecto, el sentimiento constitucional posibilita que tanto autoridades como servidores públicos se manifiesten conformes con el orden constitucional y legal que los rige, y que apuesten por su máxima realización. Esa anuencia parte de un anhelo íntimo de soñar y luchar por una sociedad donde se consoliden los fines del Derecho: orden, libertad, seguridad jurídica, bienestar, paz y justicia.
Vale la pena que cada uno de nosotros hagamos propio el sentimiento constitucional.
Por Armando Alfonzo Jiménez
Constitucionalista
@ArmandoAlfonzo